El abuso de poder volvió a colocarse en el centro del debate público luego de que se difundieran imágenes del alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, ingresando acompañado de escoltas armados a un club deportivo, donde presuntamente se registró una confrontación con un familiar.
Para especialistas consultadas, este tipo de conductas no son hechos aislados, sino expresiones de una cultura política marcada por la impunidad, la concentración del poder y la normalización de privilegios.
Poder sin límites
Cecilia Cadena, investigadora de El Colegio Mexiquense y doctora en Ciencias Políticas y Sociología, explicó que quienes ocupan cargos públicos administran recursos, toman decisiones y ejercen autoridad, lo que genera la tentación de utilizar esas facultades para beneficios personales o de grupo.
“El abuso de poder es una manifestación de la corrupción. Por eso existen reglas e instituciones que buscan limitarlo. El problema en México es que, aun cuando las reglas existen, muchas veces no hay consecuencias”, señaló.
La especialista sostuvo que el caso de Fernando Flores encaja en una lógica de utilización de recursos y posición política para asuntos particulares.
“Llegar acompañado de personas armadas para resolver un conflicto personal es un caso grave de abuso de poder. Se comportó como alguien que utiliza la fuerza para imponer su voluntad”, afirmó.
Cadena consideró que este tipo de acciones deben investigarse y sancionarse, pues ocurrieron en horario laboral y fueron protagonizadas por un servidor público electo que, en ese momento, debía estar atendiendo asuntos de gobierno.
El mito del empresario incorruptible
La académica también cuestionó la idea de que los empresarios son menos propensos a la corrupción que los políticos tradicionales.
“En México existe una idea equivocada de que quien viene de la iniciativa privada será más honesto. No hay evidencia de ello. Los empresarios pueden ser tan corruptos como cualquier actor político”, indicó.
Añadió que cuando un empresario llega al poder conserva intereses económicos y, además, adquiere influencia política, lo que puede incrementar los riesgos de utilizar el cargo para beneficio propio.
La cultura de la “palanca”
Para Cadena, el problema no es únicamente institucional, sino también social.
“El abuso de poder está relacionado con la cultura de la palanca. Muchas personas admiran a quien tiene influencias y puede resolver problemas por encima de las reglas. Mientras esos privilegios beneficien a alguien, suelen tolerarse”, explicó.
Advirtió que esta conducta alimenta la impunidad, pues quienes cometen abusos suelen apostar a que no serán sancionados o que podrán utilizar sus relaciones para evitar consecuencias.
“No basta una disculpa pública. Si no hay sanciones, estos comportamientos seguirán repitiéndose”, sostuvo.
Impunidad como sistema
Por su parte, Karla González Guzmán, psicóloga social y académica de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la UAEMéx, consideró que el abuso de poder no puede entenderse únicamente por el cargo que una persona ocupa, sino por la certeza de que actuará sin consecuencias.
“El ejercicio del poder no solamente está determinado por el puesto, sino por la impunidad que lo acompaña. Muchas personas abusan del poder porque saben que difícilmente serán sancionadas”, afirmó.
La especialista señaló que existe una percepción social de que ciertas figuras públicas cuentan con protección política o institucional.
“El mensaje que recibe la sociedad es: hagas lo que hagas, no pasa nada. Eso termina legitimando el abuso y la violencia”, dijo.
Violencia que se normaliza
González Guzmán advirtió que el abuso de poder y la violencia suelen caminar juntos, pues el primero implica imponer la voluntad propia sobre otras personas mediante distintos mecanismos de presión o intimidación.
“Cuando la violencia queda impune, la sociedad se desensibiliza. Empieza a verla como algo normal y hasta como una forma válida de ejercer autoridad”, explicó.
A su juicio, el principal riesgo es que la ciudadanía deje de cuestionar estos comportamientos y termine aceptándolos como parte inevitable de la vida pública.
Más allá del castigo
Aunque ambas especialistas coinciden en que la impunidad es el principal problema, difieren en la solución.
Mientras Cecilia Cadena considera indispensable la aplicación de sanciones ejemplares para inhibir futuras conductas abusivas, Karla González sostiene que el castigo por sí solo resulta insuficiente.
“El castigo puede ser necesario, pero es un paliativo. Lo fundamental es desmontar las condiciones que permiten la impunidad y reeducar socialmente para dejar de normalizar la violencia y la corrupción”, indicó.
No obstante Cecilia Cadena señaló que la sanción es la solución para desestimar estas conductas, pues las personas respetan los limites por miedo al castigo.
“Los abusos de poder se hacen, porque la gente que lo hace apuesta a que nadie los va a descubrir y si los descubren va a pasar como el caso del alcalde de Metepec que va a inventar y como sigue teniendo poder va a utilizar esas relaciones de poder para zafarse, pese a que lo que hizo es un caso de abuso de poder grave, pues se comportó como un criminal”.
Ciudadanía debe exigir respeto a la ley
Pese a estas discrepancias, ambas especialistas coincidieron en que los casos de abuso de poder deben analizarse más allá de las personas involucradas, pues reflejan prácticas arraigadas que persisten mientras no existan consecuencias efectivas ni una ciudadanía dispuesta a exigir el respeto a la ley.
Además, subrayaron que el desafío no sólo consiste en castigar los excesos de quienes gobiernan, sino en evitar que la sociedad los justifique, los admire o termine aceptándolos como una parte inevitable de la política.
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