Un ocho con humildad
La gobernadora Delfina Gómez sorprendió al ponerle a su administración una calificación de 7.5 u 8, una nota modesta si se considera que ella misma reconoce los avances en seguridad y las transformaciones políticas que ha logrado en apenas dos años. Lo fácil habría sido inflar la cifra, presumir triunfos o vender espejismos, pero prefirió la ruta de la prudencia y la autocrítica. Esa honestidad contrasta con la ceguera de quienes, por ignorancia o mala fe, insisten en negarle méritos. Delfina no solo es una mujer de carácter bonachón: es una gobernadora con una base popular sólida, legitimidad robusta y una relación inéditamente tersa con los poderes federales y locales. Los alcaldes no la confrontan, el Congreso no la sabotea, el Poder Judicial se ha alineado a la construcción de la paz, y hasta sus rivales saben que el piso político se les angosta. A estas alturas, quien no quiera ver su fortaleza simplemente no quiere informarse.
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Cambios a la vista
Para no repetir la fábula de Pedro y el lobo, la propia gobernadora Delfina Gómez ha confirmado que habrá cambios en su equipo. No es un rumor más: la decisión está tomada, ya sabe quién se va y quién entra. La exigencia del cargo es enorme y hay áreas donde el esfuerzo y el compromiso no están al nivel de lo que la coyuntura demanda. En su gobierno conviven cuadros técnicos con operadores políticos, y la pregunta central es si los próximos relevos privilegiarán la eficacia administrativa o el equilibrio de las fuerzas internas. La prudencia con la que la mandataria evalúa su propio desempeño no se refleja en algunos colaboradores que parecen conformarse con la rutina. La gobernadora ha mostrado tolerancia, pero también un estilo firme: no le tiembla la mano cuando de sustituir se trata. Lo que sigue será un reacomodo que pondrá a prueba si su equipo se fortalece en lo técnico o en lo político.
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Cruce mortal, autoridad ausente
Han pasado ya varios días desde el accidente ferroviario en Atlacomulco que dejó 10 muertos y más de 20 heridos, y el cruce fatídico sigue funcionando igual. El responsable directo de que se cumplan las normas de señalización es el director del Centro SICT Estado de México, Francisco Quintero, y no ha hecho absolutamente nada. La omisión es flagrante: la autoridad que debería garantizar seguridad se muestra irresponsable, indolente y negligente. El silencio oficial es un insulto a las víctimas y una amenaza para quienes todos los días cruzan ese mismo punto sin protección alguna. Ya es hora de que alguien lo obligue a dar resultados, porque para eso se le paga y para eso ocupa el cargo.
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La era de la rendición
El cambio es visible y sustantivo: la coordinación entre la Fiscalía General de Justicia, el Poder Ejecutivo —a través de la Secretaría de Seguridad y la Secretaría General de Gobierno— y el Poder Judicial empieza a desmontar la maquinaria de la impunidad. La voluntad política ha dejado de ser un discurso vacío y se traduce en hechos concretos: ya no hay intocables, y el principio de “quien la hace, la paga” se convierte en práctica institucional. Lo que antes parecía imposible, que los poderes locales caminaran en la misma dirección frente al delito, hoy comienza a ser cotidiano. El mensaje es contundente: el pacto de silencio se rompió y la transformación se mide en expedientes judiciales que avanzan y en personajes que hasta hace poco se creían inmunes al Estado de derecho.
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Naucalpan bajo presión
En Naucalpan los grupos de intereses creados no descansan. El conservadurismo priísta, con todo y sus viejas mañas, aprovecha cualquier resquicio para intentar frenar al alcalde Isaac Montoya. Pero no están solos: también el panismo mueve fichas en la tierra donde se forjaron Luis Felipe Bravo y Angélica Moya, y donde alguna vez comenzó el célebre corredor azul que convirtió al municipio en bastión de la derecha. Montoya, sin embargo, no se afloja ni se aflige frente a las presiones. Nada es casual: es también la tierra de Cristina Ruiz, presidenta del PRI, y de una derecha recalcitrante que no oculta su ambición de regresar al poder a cualquier precio. La embestida es política y estructural: quienes vieron a Naucalpan como feudo quieren que vuelva a serlo, aunque eso implique bloquear al gobierno local y dinamitar cualquier intento de transformación.
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