Van diputados por penalizar la omisión de pago de cuotas al ISSEMyM

Van diputados por penalizar la omisión de pago de cuotas al ISSEMyM
El delito sería catalogado como defraudaciones a los regímenes del ISSEMyM.

Diputados del Edomex promueven una iniciativa para tipificar como delito la retención y omisión en el entero de cuotas y aportaciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).

Esta propuesta tiene como objetivo salvaguardar el derecho fundamental a la seguridad social y contribuir al cumplimiento de las obligaciones fiscales de los entes públicos.

En la reunión de las comisiones de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas, se acordó solicitar observaciones y comentarios del procurador fiscal y del personal de la fiscalía respecto a esta iniciativa.

El diputado Gerardo Ulloa Pérez proporcionó datos sobre la situación financiera del ISSEMyM, destacando un déficit de mil 266.4 millones de pesos al 31 de diciembre de 2020. Para paliar esta situación, el instituto ha buscado alternativas, como la subasta de inmuebles, pero estas medidas no serían suficientes para sanar sus finanzas.

La omisión en el entero de cuotas y pagos de aportaciones de seguridad social por parte de los entes públicos ha generado adeudos de al menos 24 municipios, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) y los cuerpos auxiliares del Estado de México.

La Auditoría Superior del Estado de México indicó una solicitud de aclaración por mil 686 millones de pesos en las cuotas y aportaciones por cobrar, monto que, de recuperarse, sería suficiente para equilibrar las finanzas del instituto.

La propuesta implica la modificación del Código Financiero del Estado de México y sus Municipios para establecer un capítulo de delitos fiscales y crear el tipo penal de «defraudaciones a los regímenes del ISSEMyM». Esto obligaría a los entes públicos a la reparación del daño equivalente al monto de las cuotas y aportaciones de seguridad social omitidas.

El delito de defraudación al ISSEMyM sería sancionado con un incremento de la pena equivalente al doble de lo establecido para el delito de defraudación fiscal.

Esta iniciativa tiene el propósito de combatir la corrupción y garantizar los derechos humanos relacionados con la seguridad social.