Viridiana Rodríguez, expresidenta del DIF Toluca, expuso una secuencia de lamentables eventos que revelan una red de violencia, amenazas y complicidades gubernamentales en el municipio de Toluca; principalmente perpetuados por su exesposo, el alcalde Raymundo Martínez, a quien señala directamente por cometer violencia en su contra.
«Llegó el momento de romper el silencio después de 8 meses […] existe un expediente que está parado y que las autoridades no quieren ejecutar. Viví 12 años de violencia física, emocional y sexual, una pesadilla, pero hoy vivo un infierno».
En un video compartido en su cuenta de Facebook, Rodríguez reveló cómo la detención ilegal de su padre el 12 de abril fue solo el comienzo de una serie de atrocidades perpetradas por la policía del Ayuntamiento de Toluca, liderada por altos funcionarios, incluyendo a Iván Zepeda, director en ese momento del DIF, y otros implicados como el comandante Flores Serrano.
Esta detención, a decir de Rodríguez, fue llevada a cabo sin orden judicial y con un comando de aproximadamente 40 policías, marcó el inicio de un tormento continuo. La exfuncionaria detalló cómo se sintió coaccionada para la liberación de su padre, enfrentando amenazas veladas y un miedo constante a la fabricación de cargos en su contra.
«En las galeras de Toluca ya esperaban a mi padre, personas recibiendo órdenes de Andrés Vergara Mañón, coordinador de asesores del presidente municipal. El alcalde, mientras tanto, despidió a los directivos del DIF y gente cercana a mi persona».
Rodríguez afirmó que el alcalde de Toluca intentó negociar la libertad de su padre vía telefónica, a base de amenazas a intimidación.
Denuncia intervención de autoridades
Rodríguez no solo acusó a las autoridades locales, sino que señaló la intervención de instancias superiores como la Fiscalía General, la Fiscalía de Género y el DIF, quienes ejercieron presión sobre ella y su familia para firmar desistimientos ilegales. Estos acuerdos, en apariencia voluntarios, pero forzados, restringían su libertad de hablar del presidente municipal durante 15 años, bajo la amenaza de una exorbitante multa de 15 millones de pesos.
«La Fiscalía General, de Género, la nueva directora del DIF, Marian Díaz, el notario y demás funcionarios, se apersonaron en mi domicilio el 5 de mayo».
El testimonio de Rodríguez también incluyó revelaciones sobre su exesposo, Raymundo Martínez Carbajal, acusado de abusos graves, físicos y sexuales. Además, apuntó hacia su presunta amante, a quien acusa de complicidad en la violencia ejercida en su contra; argumentando que el edil mantenía relaciones sexuales adúlteras en sus oficinas, en el Ayuntamiento de Toluca.
La expresidenta del DIF Toluca hizo hincapié en la propensión al feminicidio que enfrentan mujeres en su situación, (declarado así por la propia Fiscalía de Genero), citando opiniones de especialistas en la materia, mientras destacó la inacción de las autoridades en su protección a pesar de las denuncias formales presentadas, incluyendo la administración de la gobernadora Delfina Gómez.
Las revelaciones de Rodríguez han generado una gran preocupación y un llamado urgente para acciones concretas por parte de las autoridades pertinentes. Se espera una respuesta pronta y efectiva ante estas denuncias, garantizando la seguridad y protección para Rodríguez y su familia.
«Les exijo justicia, porque no estoy pidiendo un favor», afirmó Rodríguez.
Niega alcalde acusaciones
Raymundo Martínez negó haber ejercido violencia de cualquier tipo en contra de su exesposa. El alcalde de Toluca expuso su postura frente a medios de comunicación, haciéndose acompañar del equipo de comunicación del ayuntamiento.
Tras asistir al informe de actividades de la diputada federal Melissa Vargas, Raymundo Martínez uso los recursos de comunicación oficial del ayuntamiento de Toluca para fijar su postura en la disputa que mantiene con su exesposa.
Argumentó que su conducta siempre ha sido ejemplar, como lo demuestran sus interacciones familiares y profesionales.
Además, Martínez rechazó la idea de que las acusaciones formen parte de una estrategia política, especialmente en el contexto de las próximas elecciones. Insistió en que involucrar asuntos personales y familiares en la política, particularmente aquellos que afectan a menores, es un enfoque incorrecto y potencialmente dañino.
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