Texcoco, Méx.- Al menos 27 municipios del Estado de México se encuentran bajo algún conflicto social por defender la tierra, el agua, los bosques, los derechos indígenas o el derecho a un medio ambiente sano.
Lo anterior fue expuesto por José Antonio Lara Duque, presidente del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), quien expuso que la cifra se duplica si se considera la lucha magisterial contra la reforma educativa; es decir, el 43% de la entidad registra conflictividad social por la defensa de derechos humanos.
En la víspera de que Eruviel Ávila presente su quinto informe de gobierno, Lara Duque dijo que el gobernador no va a informar sobre estos temas, por lo cual le invitan a que dé a conocer, de manera pública, “avances sobre estos graves atropellos a los ciudadanos mexiquenses”.
En este sentido, pidió que el mandatario explique la denominada “Ley Eruviel”, misma que pretende ser un mecanismo de control social a través de la violación de derechos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, la libertad de expresión y la libertad de reunión.
“El despojo de tierras y territorios tiene como objetivo principal las comunicaciones, tanto terrestres como aéreas, la cual busca consolidar la entidad como el centro estratégico y logístico para los negocios y el turismo, así como la profundización de proyectos inmobiliarios privados, lo anterior pasando por encima de los derechos de pueblos enteros; los casos de los pueblos de los municipios de San Salvador Atenco y Texcoco, así como de los indígenas otomíes de Huitzizilapan, Xochicuautla y Magú son emblemáticos”, precisó.
Cabe mencionar que la luchadora social Trinidad Ramírez, del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, dijo ante representantes de más de 50 organizaciones civiles que el manejo de la basura y su incineración se ha convertido en un gran negocio, donde el 60% de los tiraderos están concesionados a manos privadas.
En este sentido, Ignacio de Valle, representante de San Salvador Atenco, resaló que el gobierno mexiquense no respeta el derecho de la consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas del Estado de México.
“El Zeferino Ladrillero ha documentado de agosto de 2015 a agosto de 2016 la cifra de 40 casos de agresión a personas defensoras de derechos humanos, lo que significa que cada mes al menos 3 personas defensoras son agredidas por defender bosques, agua, tierras y territorio, derechos indígenas, es decir, en el Estado de México se agrede a quienes mediante métodos pacíficos y legales buscan dignificar la vida de sus pobladores”, expresó.
“El agua potable es asechada y sometida a una sobre explotación, sobre concesión y contaminación por los intereses privados. Los pueblos con sistemas comunitarios de agua en un estado de vulnerabilidad ante las intenciones gubernamentales de municipalizar o privatizar dichos sistemas comunitarios”, expresó el defensor de los derechos humanos.
La Reforma Educativa en el Estado de México está redundando en hechos absurdos como deudas a la Comisión Federal de Electricidad por la educación pública, “tan solo 161 escuelas de 23 municipios del Valle de México adeudan 51 millones 477 mil 359.30 pesos deuda que con la contra reforma”, precisó.
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