La Fiscalía de Atención a Delitos Electorales del Estado de México recibió la primera denuncia por presuntas violaciones a la ley en relación con las campañas electorales federales. El caso involucra la coacción de un servidor público para participar en la contienda, una acción sancionada con cárcel por violentar su libertad y desviar recursos públicos humanos.
La denuncia fue vinculada a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FISEL), dado que está fuera de la competencia estatal. La instancia federal determinará la posible derivación del expediente a un juzgado.
Es importante destacar que, de acuerdo, con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, establece que, los servidores públicos no pueden hacer expresiones durante su horario laboral, y los funcionarios de alto nivel tienen limitaciones incluso los sábados, reconociéndose solo los domingos y días de asueto como fechas libres.
Durante el «Foro regional de prevención de la compra y coacción del voto y delitos electorales», Alejandro Rodríguez Martínez, fiscal especial de Delitos Electorales de la FGJEM, informó que el Ministerio Público tiene la obligación de recibir la denuncia y elaborar el expediente. Las autoridades evaluarán si el caso permanece en esta instancia o si requiere revisión por parte de otra autoridad.
Asimismo, enfatizó la función de la institución en prevenir delitos electorales y ejercer acción penal contra quienes cometan conductas delictivas en ámbitos federal y local.
Compra de Votos: Delito más frecuente
Rodríguez Martínez subrayó que la compra de votos es el delito más frecuente en los procesos electorales, principalmente durante la jornada electoral. Sin embargo, la falta de elementos de prueba dificulta la comprobación de estos delitos en ausencia de flagrancia.
Por lo que, resaltó la importancia de defender el voto como expresión de la voluntad ciudadana, advirtiendo que vulnerar el voto podría llevar a la nulidad de la elección o los resultados.
Por último, informó sobre una aplicación para teléfonos inteligentes que permite subir videos, fotos y un breve extracto de eventos de manera anónima. Estos casos se persiguen de oficio, eliminando la necesidad de denuncia y ratificación.
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