Sergio Vázquez, quien desde hace tres años trabaja como ministerio público en el Centro de Justicia de Ecatepec, denunció represalias en su contra por negar la entrega de una víctima menor de edad a la familia que supuestamente ha ejercido violencia familiar en su contra.
Vázquez explicó que se trata de un caso de influyentismo donde se pretende falsear documentación para favorecer a la parte acusada, que supuestamente tiene relación con autoridades del municipio vecino, Tecámac.
El funcionario relató que el pasado martes, agentes se presentaron a su oficina donde le agredieron física y verbalmente. Acusó que a través de una llamada telefónica, la titular de la Visitaduría General de la Fiscalía María Elena Camacho, le llamó para decirle que «era una desgracia y una vergüenza para la Fiscalía».
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«Me dijo que yo era un corrupto, violentando mi derecho de presunción de inocencia, y ordenó a unos agentes y policías para que revisaran mi oficina». Fue en ese momento cuando apareció un fajo de billetes en su escritorio, por lo que le trasladaron a la Fiscalía de Corrupción, según relató Vázquez en entrevista telefónica con este medio.
La versión de la Fiscalía
Al día siguiente, el miércoles 21 de abril, La Fiscalía General del Estado de México emitió un comunicado donde señaló que «el servidor público habría recibido 80 mil pesos a cambio de acelerar la integración de una denuncia por incumplimiento de obligaciones y sustracción de una menor, presentada por una ciudadana».
«De igual manera detendría la integración de otra carpeta de investigación iniciada en contra de la misma ciudadana por el delito de violencia familiar», añadió en el boletín.
La Fiscalía también informó que «un grupo de mujeres, quienes aseguraron ser parte de la Colectiva Feminista Ehécatl, llegó a las instalaciones de la FGJEM en este municipio, donde liberaron al servidor público detenido, además de dos honorarias que lo asistían, que también habían sido aseguradas por la denuncia referida», por lo que «se han iniciado las investigaciones correspondientes».
«No me decían si estaba detenido»
Vázquez aclaró que la intervención del Colectivo se dio porque lleva casos de víctimas que han formado parte del mismo; además, las mujeres se manifestaban por la falta de justicia en sus casos, por lo que en un acción de solidaridad decidieron emprender acciones a favor de él.
Al momento de su retiro el funcionario llevaba más de doce horas en las instalaciones sin que le hicieran saber formalmente la razón por la que lo tenían detenido, o sin que le mencionarán la razón por la que lo mantenían en el lugar.
A través de Facebook, el Colectivo realizó transmisiones en vivo sobre los hechos, y la Fiscalía por su parte también difundió un par de videos donde se muestra que, alrededor de una docena de mujeres forman una especie de cadena humana con el objetivo de liberar al hombre.
El caso de la víctima menor de edad
«Yo llevo una carpeta de violencia familiar en contra en una menor de edad que estaba relacionada con un caso de desaparición iniciado en Tecámac. La menor sale del núcleo familiar de su madre de nombre Isabel y de su padrastro porque la golpean y la agreden, así que se va a buscar a la abuela paterna, mamá de su papá, para pedir ayuda. La abuela, al ver el boletín de búsqueda se presenta a instalaciones de Tecámac, para indicar que la menor era víctima de violencia. Pero en ese lugar se la quitan arbitrariamente», relató el funcionario actualmente señalado por la Fiscalía por extorsión.
«Posteriormente la abuela se presenta conmigo para denunciar al violencia familiar. Se le citó al procurador de Tecámac para que presentara a la menor, y la menor confirmó la denuncia por agresiones en su contra».
Vázquez preguntó al procurador si había encontrado redes de apoyo para la víctima, y obtuvo como respuesta que se buscaba redes de apoyo a través de familiares del entorno agresor. «Le comenté al procurador que eso no era posible, por que no cumple para salvaguardar la integridad de la víctima».
El MP detectó irregularidades en la documentación de las entrevistas, y advirtió que existía una copia en las declaraciones que supuestamente hicieron los familiares para resultar como viables y así poder tener en su poder a la menor.
«Me pidieron que girara oficio para la reintegración de la menor lo antes posible, pero me negué», porque eso anularía la investigación del delito. «Después se presentó la madre para decirme que ella ya había llegado a un acuerdo con el procurador».
Comunicado íntegro de la Fiscalía
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informa que se han iniciado las investigaciones correspondientes luego de que durante la tarde y noche de este martes, un grupo de mujeres irrumpió en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en este municipio, donde liberaron a un Ministerio Público de esta Institución, así como a dos honorarias que lo asistían, mismos que previamente habían sido detenidos en flagrancia y denunciados por solicitar 80 mil pesos a una ciudadana para acelerar la integración de una denuncia que había presentado y de igual manera frenar una indagatoria que existía en su contra.
El grupo de mujeres, quienes dijeron ser parte de la Colectiva Feminista Ehécatl, ingresaron a las instalaciones donde se encontraba el servidor público detenido y las honorarias; amedrentaron al personal que estaba en el lugar, posteriormente se formaron alrededor del servidor público antes referido, se colocaron cinta adhesiva a la altura de la cintura y salieron de las instalaciones.
El servidor público se desempeñaba como Ministerio Público de la Fiscalía Central para Delitos Vinculados a la Violencia de Género, y fue detenido luego de que recibió 80 mil pesos por parte de una ciudadana, por los que a cambio habría ofrecido acelerar la integración de una denuncia que ésta había presentado por incumplimiento de obligaciones y la sustracción de una menor, así como detener la integración de otra carpeta de investigación iniciada en contra de la misma ciudadana por el delito de violencia familiar.
Además, la mujer debía ceder la custodia de su hija a la familia paterna; de no entregar el numerario señalado el imputado la habría amenazado con ingresarla a un Penal Estatal y también solicitaría que fuera dada de baja de su actual puesto de trabajo en la Ciudad de México.
Por lo antes expuesto el Ministerio Público imputado, así como las dos honorarias que lo asistían, fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; también fue presentado el numerario que les fue entregado y el cual el Representante Social tenía en su poder al momento de ser detenido.
Ante estos hechos la FGJEM ha iniciado la correspondiente carpeta de investigación por el delito de obstrucción de la justicia y evasión, así como también se continuará la integración de la carpeta de investigación en contra del Ministerio Público señalado.
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