La denuncia presentada por la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, en contra de cuatro comunicadores del municipio avanzó este martes con la realización de la primera audiencia en la que se discutieron los señalamientos relacionados con presunta violencia política en razón de género.
Entre los fundamentos de la denuncia se señala presunto daño psicológico derivado de publicaciones realizadas en redes sociales.
Según los acusados, los contenidos cuestionados corresponden principalmente a críticas, opiniones y publicaciones relacionadas con la gestión pública del gobierno municipal.
No obstante, señalaron que durante la audiencia la alcaldesa compareció como particular y no en su calidad de presidenta municipal, pese a que gran parte de las publicaciones señaladas hacen referencia a su desempeño como servidora pública.
Asimismo, informaron que la denunciante solicita una reparación del daño de 125 mil pesos para cada uno de los comunicadores involucrados.
Testigos son sus propios trabajadores
Alejandro López Vázquez, uno de los señalados, aseguró en redes sociales que los testigos presentados por la alcaldesa fueron funcionarios del gobierno municipal, entre ellos el tesorero Erick García Reyes y la directora de Gobernación, Guillermina Cruz Cortés.
Los comunicadores adelantaron que continuarán su defensa por las vías legales y sostuvieron que el caso abre un debate sobre los límites entre la libertad de expresión, el derecho a la crítica y la protección de los derechos de quienes ocupan cargos públicos. El procedimiento continúa en curso.
Contexto
Nápoles Pacheco presentó dicha denuncia el 26 de mayo ante la Fiscalía Especializada en materia de Violencia de Género, con sede en Metepec.
En la carpeta de investigación aparecen señalados Ángel Ávila Calvo, Alejandro López Vázquez, Ramón Castañeda Mondragón y Arturo Escobar Sánchez, quienes fueron citados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para comparecer como parte de las diligencias correspondientes.
Este conflicto se dio días antes de que se registrara su presunta privación ilegal de la libertad, el pasado 31 de junio.
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