El domingo 7 de junio de 2026, la autopista México-Toluca colapsó a la altura de la Plaza de las Alas. Los responsables del bloqueo no fueron grupos políticos tradicionales, sino pobladores y comuneros otomíes de La Cañada y La Cima. La exigencia lanzada desde las barricadas reveló una crisis que lleva siete años gestándose en Huixquilucan: la apropiación sistemática de territorio, la tala ilegal y la operación de grupos armados bajo presunta tolerancia gubernamental.
La manifestación fue el punto de quiebre ante un hecho concreto. Días antes, individuos armados instalaron una cerca perimetral para privatizar 80 hectáreas de bosque en el Cerro de la Palma, una zona neurálgica para la recarga de acuíferos en la Sierra de las Cruces.
El cerco del bosque comunal es apenas un engranaje dentro de una maquinaria de apropiación de tierras que opera en el municipio. Documentos judiciales, carpetas de investigación y testimonios directos exponen un modelo de despojo que muta según la plusvalía del suelo, señalando reiteradamente la presunta participación o protección del senador Enrique Vargas del Villar y la actual administración municipal encabezada por Romina Contreras.
La Zona Residencial: Ingeniería legal y miles de millones
En la franja de mayor densidad económica de Huixquilucan, el despojo no requiere de motosierras, sino de expedientes. En febrero de 2026, un grupo de inversionistas y representantes bancarios denunciaron la existencia de más de 80 carpetas de investigación ante el Ministerio Público por la invasión de predios y departamentos de superlujo, señalando una red de protección institucional que bloquea el avance de los desalojos.
El caso más documentado involucra a Rodolfo Bastida, quien mediante la sucesión intestamentaria «Beatriz González de Muciño» —apoyada en escrituras que datan del año 1900— reclama vastas extensiones de tierra. Pese a que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) falló en su contra y le negó amparos definitivos en 2021, Bastida mantiene la ocupación material de 100 hectáreas de la Ex Hacienda «Jesús del Monte».
Con un valor de suelo estimado en 500 dólares por metro cuadrado, este polígono representa un botín inmobiliario superior a los 5,700 millones de pesos. La posesión se sostiene mediante grupos de seguridad privada y barreras perimetrales, frente a la inacción de la fuerza pública municipal para ejecutar las órdenes de desalojo.
El ecocidio en la Zona Tradicional
Mientras en la zona residencial se litiga con escrituras centenarias, en las comunidades de Piedra Grande y El Laurel la disputa es territorial y violenta. La presión económica proviene de la frontera inmobiliaria y megaproyectos de lujo colindantes, los cuales alcanzan precios de hasta 62,600 pesos por metro cuadrado.
Para limpiar el terreno y modificar de facto su vocación forestal, operan grupos locales identificados por los pobladores. Uno de ellos, autodenominado «Los Moscas», mantiene el control de Piedra Grande. Los reportes forestales estiman la caída de 100 árboles diarios en esta franja, concentrándose en oyameles y encinos, para su posterior lotificación clandestina.
El hartazgo entre los pobladores originarios es palpable y las acusaciones son directas. «Son como una plaga. Van por nuestras áreas verdes y de preservación, quieren acabar con el agua, cerros, bosques, zonas protegidas, manantiales y ojos de agua, todo por su negocio familiar, por su cártel inmobiliario», denuncia uno de los comuneros afectados por el avance de la maquinaria en las zonas de recarga.
La mecánica es reportada reiteradamente por las guardias comunitarias: «Ya basta, esto es en Piedra Grande, la tala está encubierta y financiada. Han talado hectáreas enteras y nos tienen amenazados».
Sangre en los bosques altos
La violencia alcanza su punto más crítico en las demarcaciones de Ignacio Allende, La Cañada y La Cima. En esta región opera una facción armada liderada por un individuo identificado con el alias de «Helguin». A diferencia de los esquemas urbanos, este grupo utiliza la fuerza paramilitar directa para desplazar a los ejidatarios.
A la fecha, se documenta la apropiación de más de 120 hectáreas de bosque prístino dentro de Áreas Naturales Protegidas. El saldo de esta operación de control territorial excede la pérdida de flora: los registros locales confirman al menos dos muertos en disputas internas o choques armados, además de señalamientos por desaparición forzada y el encarcelamiento de líderes comuneros que intentaron organizar la defensa de los predios.
Evasión jurisdiccional
Ante el bloqueo de la autopista federal y la exposición nacional del conflicto en junio de 2026, el Ayuntamiento de Huixquilucan emitió un posicionamiento oficial. La administración local se deslindó de las acusaciones argumentando que la protección de las Áreas Naturales Protegidas y los recursos forestales es competencia exclusiva del Gobierno Federal y del Estado de México (Semarnat, Profepa y Probosque).
Asimismo, el gobierno municipal aseguró no haber emitido licencias de construcción en La Cañada, pidiendo a los comuneros «no politizar el tema».
No obstante, la respuesta institucional omite el señalamiento central de los habitantes y las más de 80 carpetas de investigación documentadas: la operatividad de los grupos de choque y taladores en los bosques se ejecuta bajo la presunta escolta de patrullas municipales, y las vías administrativas locales para denunciar las invasiones se encuentran paralizadas.
La disputa en Huixquilucan ha dejado de ser un asunto de desarrollo urbano para convertirse en un conflicto de macro-criminalidad. Las comunidades otomíes han dejado claro que, sin la intervención directa del Estado para desarticular a los grupos que operan en la sierra, la pérdida de las reservas hídricas del Valle de México será irreversible.
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