Artesanos de San Pedro Tultepec, localidad perteneciente al municipio de Lerma, se manifestaron afuera de la Cámara de Diputados del Estado de México para solicitar la intervención de los legisladores, ya que demandan justicia por el despojo de propiedad privada que se realizó en su comunidad.
Los denunciantes expresaron que en los terrenos que ellos defienden se realizan construcciones y eventos, pero sin su consentimiento. Asimismo, señalan la complicidad de las autoridades del ayuntamiento de Lerma en estos atropellos.
El problema por las tierras es antiguo.
En un documento que entregaron a Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura mexiquense, los artesanos de San Pedro Tultepec explican que desde 1929, por decreto presidencial, se dotó al pueblo referido de mil 936 hectáreas de la Ciénaga del río Lerma. Sin embargo, en 1930 la Comisión Agraria solo les entregó 510 hectáreas.
Fue en 2004 cuando los problemas por el terreno comenzaron a agravarse pues “el núcleo ejidal reclamó la restitución de sus tierras ejidales […], pero también más terrenos de pequeños propietarios en diferentes juicios agrarios”.
Así, en 2011, por un decreto firmado por autoridades federales, el ejido en disputa pasó a ser propiedad del “núcleo agrario que lo componen alrededor de 300 personas”, mientras que el número de afectados por esa resolución son más de 15 mil. También en 2011, los afectados interpusieron una queja para que se los terrenos cedidos a los ejidatarios se les restituyeran.
De 2012 a 2014, denuncian las sociedades de artesanos, “el núcleo agrario produjo una invasión violenta a los terrenos amedrentando a los verdaderos dueños, causándoles lesiones y daños a su persona como a los terrenos […], con la complacencia y complicidad de los gobiernos municipales y estatales”.
En octubre de 2015, a pesar de que las autoridades restituyeron el terreno a los afectados, los integrantes del núcleo agrario invadieron el predio “con lujo de violencia” y, además, en diciembre de ese año iniciaron la construcciones en la zona sin que tuvieran permisos, licencias o documentación que acreditara la propiedad.
Por esto, los afectados iniciaron una carpeta de investigación por el delito de despojo. Sin embargo, la actuación de las autoridades fue lenta y poco eficaz, denuncian los perjudicados. Solo después de que ellos organizaron una manifestación en Toluca, la Fiscalía atrajo su caso.