Marina Colín Flores, Ángel Daniel Flores Reyes y Magali Estrada Martínez denunciaron públicamente al magistrado del Poder Judicial del Estado de México, José Luis Maya Mendoza, por presuntamente utilizar su cargo para beneficiar a familiares en un litigio relacionado con un predio ubicado en Acambay.
Los denunciantes señalaron que la suegra del magistrado, Antonia Florencia Flores Reyes, promovió un juicio civil para anular un contrato de compraventa de un inmueble de aproximadamente 3 mil metros cuadrados, presuntamente mediante documentos con firmas falsificadas.
Afirmaron que el juicio se llevó a cabo en Jilotepec, pese a que el predio se encuentra en Acambay, y que para el emplazamiento se utilizó un domicilio en Lerma donde ellos aseguran no vivir.
Incluso, sostuvieron que dicho domicilio corresponde a una vivienda del propio magistrado.
Marina Colín indicó que nunca tuvieron conocimiento real del procedimiento judicial, por lo que no pudieron defenderse legalmente.
Además, acusó que el litigio avanzó y obtuvo una resolución favorable pese a que no existían pruebas suficientes.
De acuerdo con los denunciantes, ellos presentaron el contrato de compraventa, ratificado ante un juez conciliador; sin embargo, aseguraron que posteriormente apareció un contrato apócrifo para colocar a la suegra del magistrado como propietaria del inmueble.
También acusaron que, una vez emitida la resolución judicial, se ordenó a Catastro modificar el nombre de la propiedad a favor de Antonia Florencia Flores Reyes.
La denunciante aseguró que no se trata de un caso aislado y afirmó que hay más víctimas de este “modus operandi” de despojo, aunque señaló que muchas personas tienen miedo de denunciar.
“Pensó que no haríamos nada por tratarse de familiares, pues desafortunadamente es mi cuñado”, expresó.
Los afectados indicaron que el caso ya fue expuesto ante la presidencia del Poder Judicial mexiquense durante una audiencia ciudadana y adelantaron que buscarán acercamiento con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades para investigar el caso y actuar contra posibles actos de corrupción judicial, tráfico de influencias y abuso de autoridad.
Hasta el cierre de esta edición, no existe una resolución judicial definitiva que confirme las acusaciones realizadas contra el magistrado.
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