El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) atraviesa una crisis financiera estructural que este 2025 se traduce en una deuda acumulada de 27 mil millones de pesos, según informó su contralor interno, Víctorino Barrios, en entrevista con AD Noticias. El origen de este pasivo, detalló, se encuentra en el incumplimiento de pagos por parte de municipios, DIF municipales y organismos públicos descentralizados, así como en años de mala administración y presuntos actos de corrupción.
Barrios explicó que el ISSEMyM eroga cada mes más de dos mil millones de pesos solo en pensiones, pero no logra captar una cantidad equivalente. «Se tiene que recurrir constantemente a ampliaciones presupuestales del Gobierno del Estado», admitió.
.
El costo humano: pensionistas sin ingresos ni cobertura médica
A la par de los problemas financieros, miles de personas mayores jubiladas se encuentran atrapadas en una situación de incertidumbre. Aunque dejaron de trabajar y entregaron toda su documentación, no han recibido pensión ni acceso a servicios médicos. El pasado 5 de febrero, docentes y exempleados estatales protestaron en Toluca para exigir sus pagos atrasados. Algunos aseguraron llevar más de tres años sin recibir un solo peso.
Legalmente, el instituto tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para emitir un dictamen de pensión, pero la realidad es otra: desde la pandemia de COVID-19, el trámite puede tardar hasta dos años. Antes de 2020, el proceso solía resolverse en un plazo de seis a ocho meses, explicó el contralor.
El ISSEMyM distingue entre pensionistas —personas que ya dejaron de trabajar pero aún no están en nómina— y pensionados, quienes ya reciben su pago mensual. La mayoría de los afectados está en la primera categoría, lo que los deja sin ingresos, sin atención médica y en situación de alta vulnerabilidad.
Demanda creciente y presupuesto insuficiente
La presión sobre el instituto ha ido en aumento. En 2024, el ISSEMyM reportó más de 85 mil pensionados y pensionistas, equivalentes al 10% del total de sus derechohabientes. Ese año recibió un presupuesto de 43 mil 328 millones de pesos, de los cuales ya había destinado más de 23 mil millones al pago de pensiones hasta noviembre.
Las pensiones por retiro (ya sea por edad, años de servicio o jubilación) representan el 73% del total, seguidas por pensiones por fallecimiento (22%), inhabilitación (3%) y muerte por riesgos de trabajo (2%). En el mismo periodo se autorizaron más de 10,500 nuevas altas de pensión, un récord histórico para el instituto.
Corrupción e irregularidades administrativas agravan la crisis
La situación financiera del ISSEMyM se ve agravada por problemas internos de gestión. Desde su llegada en noviembre de 2024, el contralor Víctorino Barrios ha documentado prácticas irregulares como la compra de 13 vehículos no registrados en el patrimonio institucional, intentos de soborno por parte de proveedores, y presiones para beneficiar a empresas con antecedentes de incumplimiento.
También señaló un desorden crítico en el área de adquisiciones: a mitad de año, no se ha definido aún la lista de medicamentos que deben adquirirse para 2026, lo que pone en riesgo el abasto para más de 800 mil derechohabientes. La planeación, que debería completarse con al menos un año de anticipación, acumula varios meses de retraso.
Un modelo en crisis que exige reforma
La deuda creciente, la incapacidad de captar recursos propios suficientes, la corrupción documentada y el colapso operativo del instituto plantean un desafío mayúsculo para el sistema de seguridad social en el Estado de México. Mientras tanto, miles de personas mayores continúan esperando una respuesta que no llega, atrapadas entre la burocracia, el desorden y el abandono.
Síguenos