El Estado de México concentra la mayor población infantil del país. Solo en el segmento de cero a seis años, más de 1.5 millones de niñas y niños habitan la entidad.
Durante años, la atención a este sector operó de forma fragmentada. Hoy, el objetivo es distinto: construir un sistema que reconozca a la infancia como sujeto de derechos y no solo como población vulnerable.
Del apoyo a los derechos
El cambio no es menor.
“Cuando usted entrega una despensa, decide qué, cuándo y a quién. Eso es asistencialismo”, explica Mariana Cisneros, especialista en desarrollo infantil.
La lógica que plantean las nuevas políticas públicas es otra: garantizar condiciones para que niñas y niños ejerzan sus derechos, desde la alimentación hasta el juego y la participación.
El nuevo andamiaje estatal
El gobierno estatal formalizó esta transición en dos movimientos clave.
El primero fue la adopción de las metas del Pacto por la Primera Infancia, orientadas a reducir la desnutrición, ampliar la educación inicial y mejorar la cobertura de salud.
El segundo, más estructural, fue la publicación del Programa de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2025-2029 (PROEPINNA), que articula a más de 18 dependencias bajo cuatro ejes: salud, educación, bienestar y protección contra la violencia.
A esto se suma la estrategia “Territorios de Justicia”, que concentra servicios en 24 municipios prioritarios. Según cifras oficiales, el programa ha generado más de 1.6 millones de atenciones médicas y la incorporación de miles de menores a estancias del DIF.
Municipios: donde se ejecuta la política
El cambio institucional baja al nivel municipal con distintos matices.
En Nicolás Romero, el Bando Municipal ya incorpora 13 derechos de la niñez, mientras que el Cabildo Infantil ha logrado incidir en decisiones locales, como mejoras en alumbrado en zonas escolares.
En Atizapán, las acciones se enfocan en la primera infancia y la erradicación del trabajo infantil, mientras que Cuautitlán Izcalli prioriza la prevención de delitos como la trata mediante su sistema SIPINNA.
Tlalnepantla y Naucalpan han optado por fortalecer infraestructura: centros de cuidado, parques y espacios públicos seguros.
“Las becas ayudan, pero el desarrollo infantil también depende del juego, del entorno y de la interacción social”, explica Cisneros.
El límite: la desigualdad estructural
A pesar del avance normativo, los retos persisten.
El 44.4% de la población en primera infancia vive en condiciones de pobreza, y la desnutrición crónica alcanza el 12.6% en zonas metropolitanas.
El impacto es profundo.
“Un niño con desnutrición crónica puede perder hasta 20 puntos de coeficiente intelectual. No es solo talla o peso, es desarrollo”, advierte la especialista.
Un sistema en construcción
Los avances son visibles en leyes, programas y coordinación institucional. Sin embargo, los datos aún no reflejan una mejora sostenida en indicadores como violencia o maltrato infantil.
El reto inmediato no es diseñar más políticas, sino llevarlas a todo el territorio.
Mientras en zonas urbanas se consolidan mecanismos de participación y atención, comunidades rurales e indígenas siguen enfrentando rezagos en salud, educación inicial y desarrollo temprano.
El marco legal está construido. El desafío ahora es hacerlo realidad en cada municipio del Estado de México.
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