El abogado Antonio Lara Duque, defensor de derechos humanos y fundador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, estuvo con nosotros en la cuarta emisión de la Entrevista AD para hablar del diagnóstico del Estado de México en materia de dignidad humana.
En los últimos años, la lucha por la defensa de la dignidad humana en el Estado de México ha cobrado más fuerza. Colectivos de la sociedad civil organizada se han apoderado de los espacios y han logrado incomodar a los grupos de poder, exigiendo justicia por personas injustamente presas.
“El impacto de la injusticia fue tan fuerte que destruye familias enteras. Lo que dicen las compañeras es que la lucha también sana; organizarte sana”.
Grupos de familias comenzaron a organizarse, todas con un común denominador, la inocencia de sus presos. De acuerdo con el abogado, las personas presas de forma injusta no son casos aislados, son un problema estructural que debe atender el Estado.
Concientización en la protesta
“La mentalidad del poder suele ser: alguien les dice qué hacer, alguien les da órdenes”. El poder cree que las personas comunes son incapaces de organizarse y les hemos demostrado que no.
Además, el abogado explicó que la Ley de Amnistía ha sido significativa en cuanto a delitos menores se refiere. Aproximadamente, tres mil personas obtuvieron su libertad. Sin embargo, le han quedado a deber a la sociedad con los delitos de alto impacto. Son acusaciones de secuestro, homicidio, extorsión.
“Son delitos que te lastiman el oído, claro que sí, son delitos que deben castigarse a quien los cometió, eso no está en discusión. El problema es cuando metes a la cárcel a alguien, acusándolo de un crimen que no cometió”.
Reconocer el problema
Los diversos colectivos buscarán presentar sus inquietudes a las candidatas a la gubernatura del Estado de México. “Para que lo reconozcan como es, es un problema estructural que debe ser atendido. Claro que tal vez no lo vamos a solucionar en el próximo gobierno, pero es importante conocer que hay un problema”.
Únicamente existe un pequeño matiz entre los injustamente presos y los presos políticos. El político tiene actividades de razones públicas o de defensa de derechos humanos y por eso están en prisión; el injustamente preso es una persona común con un acto de injusticia, son presos de un sistema de justicia que no está funcionando.
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