Toluca, México, 7 de enero de 2019. La práctica del huachicoleo es vieja y extensa; en el Estado de México representa la fuente de varios problemas sociales: es el caso inacabado de los 70 pozos contaminados de San Cristóbal Huichochitlán o la explosión que el pasado 13 de agosto sucedió de una camioneta que presuntamente transportaba combustible ilegal.
Historias de muertos, decomisos, detenciones y corrupción se han ido tejiendo desde el 2000 -incluso antes- en el país y en el Estado de México, a ello se le suma el secreto a voces de la corrupción existente en el sindicato de Pemex.
En 2017, según José Antonio Meade, ex secretario de Hacienda y Crédito Público las pérdidas del gobierno mexicano por el robo de gasolina y diésel eran de 20 mil millones de pesos, calculando la suma del impuesto especial sobre producción y servicios (ieps) y el valor actual del combustible; en 2019, según informó hoy por la mañana el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, la suma de las pérdidas es de 60 mil millones de pesos, el triple de lo del 2017.
Cuando se dice que la práctica del huachicoleo es extensa nos referimos no sólo al territorio que puede ocupar, sino a las variables que se dan en torno a estas actividades. Elda Arroyo-Macías, en su artículo de 2017 “Huachicoleros, la naturalización del mercado de la ilegalidad” señala que en este negocio participa el crimen organizado; menciona que “de acuerdo al análisis Situación actual y perspectivas sobre el robo de hidrocarburos en México 2016, elaborado por consultora Etellekt, los cárteles del narcotráfico han diversificado sus actividades, incursionando en la sustracción clandestina de combustibles”.
Menciona, asimismo, que hasta 2014-2015, los cárteles eran los responsables de 95% de las tomas clandestinas detectadas en el país, con el cártel de Sinaloa en primer lugar, seguido del Cartel Jalisco Nueva Generación y el restante 5% lo realizan bandas de menor tamaño, esto es, “personas que viven en los poblados o comunidades cercanas a los ductos, que hacen perforaciones para el consumo y venta local del combustible”.
Los antecedentes de la historia culminan en el presente y escandaloso desabasto de gasolina que ha habido en el Valle de Toluca; el 5 de enero, Jorge Luis Pedraza, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes del Estado de México, en conferencia de prensa, explicó que la intermitencia del servicio se presenta desde el 31 de diciembre de 2018, pero no reconoció ninguna explicación por parte de Pemex.
Más tarde, en un comunicado, reiteró que no se enfrentaba escasez de productos ni especulación de precios: "nuestras terminales de distribución y despacho cuentan con suficiente inventario para cubrir la demanda de la población". Dos días después, la gasolina llegó a algunas estaciones a cuenta gotas, las filas para el abasto se han hecho interminables.
La relación del huachicoleo con el desabasto de gasolina no existió, oficialmente, hasta que en conferencia de prensa matutina el presidente dijo: “estamos cambiando todo el sistema de distribución, por eso en algunos puntos se ha padecido de desabasto, pero tiende a la normalidad porque estamos aplicados de tiempo completo a que no haya problema de abasto de combustible”.
Poco antes del mediodía, luego de que en un comunicado el gobernador del Estado de México; Alfredo del Mazo Maza, anunciara: “desde este día a las 5:00 horas, se reforzó la presencia de personal del Ejército en todas las terminales de abastecimiento del Estado de México, para que éstas cuenten con mayor seguridad y resguardo, y evitar la presencia de incidentes, como saqueos”, el periódico La Jornada publicó que, según la Comisión Reguladora de Energía, Pemex canceló 103 permisos para el expendio de gasolinas por supuesta venta de combustible robado en Puebla, Guanajuato y el Estado de México.
En entrevista para AD a propósito del tema, la investigadora Elda Arroyo-Macías, explicó que para la subsistencia del huachicol existen dos elementos: la demanda -sea voluntaria o coercitiva- y la corrupción.
A ello se suman otros aspectos como el de la mínima cantidad de personas destinadas a la vigilancia de los ductos, ya que aunque existen sensores que detectan fugas y cierran el paso para mantener el control, 17 mil kilómetros son muchos para ser vigilados, además de que las autoridades suelen ser permisivas u omisas
Para Arroyo-Macías, la solución involucra a los tres poderes de la nación, aunque en primer lugar a la Secretaría de Energía, quien debería mostrar un plan reactivo y uno preventivo.
El poder Ejecutivo debiera trabajar en colaboración con el personal de Pemex y hacer una limpia en el tema de los sindicatos: “la cadena de corrupción muy grande y hay que revisar y valorar los expedientes que hay y que están entrampados”. En torno al poder Legislativo, dijo, si bien es cierto que existe una ley federal para prevenir y sancionar los delitos en materia de hidrocarburos, se requiere una revisión para ver si se ajusta al modelo que propondría la Secretaría de Energía. En el poder Judicial se deben elaborar, respecto a los detenidos, carpetas bien fundamentadas, ya que existen pocos elementos especializados en el tema de los hidrocarburos.
Innegablemente, el robo de combustible se asocia a los grupos criminales, el crimen organizado recibe ese nombre porque funciona como empresa y diversifica sus negocios; en torno al huachicol ellos pueden abastecerse y disminuir sus costos, al respecto Arroyo-Mejía señala: “los Zetas no pagaban combustible y podían moverse en sus grandes vehículos; una estrategia de vigilancia también puede empezar a dar con cabecillas de grupos delincuenciales que cometen otro tipo de delitos.”
La estrategia federal contra el robo de hidrocarburos apenas se vislumbra, los efectos y alcances serán develados en los próximos días, meses y años, mientras se sabe como funciona, las versiones se contraponen y las especulaciones se mantienen en declaraciones como la de “no jugar a las vencidas” o la negación de amenazas bajo la consigna “No, no hay amenazas y no serviría de nada, porque al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”, mientras, los habitantes de los estados que presentan desabasto hacen filas, llenan garrafas, se pelean y entran en pánico.
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