El INFOEM desapareció el 1 de octubre, pero sus trabajadores siguen sin saber cuándo recibirán sus pagos. La comparecencia de la secretaria de la Contraloría, Hilda Salazar Gil, ante el Congreso mexiquense dejó pendiente la principal preocupación del personal: la fecha para cobrar.
Ante los diputados, Salazar explicó que la liquidación debe realizarse mediante la persona representante legal que designe la Secretaría de Finanzas. Sostuvo que Contraloría carece de recursos para pagar al personal del antiguo organismo autónomo y que vigilará el respeto a sus derechos laborales.
“En la Contraloría no contamos con recursos para liquidarlos; más bien, lo que nos toca vigilar es que estos trabajadores reciban los derechos laborales que tienen de acuerdo a la ley de los trabajadores del Estado de México”, declaró.
La funcionaria no precisó quién encabeza la liquidación, cuánto dinero se requiere ni cuándo comenzarán los pagos. De acuerdo con testimonios recabados previamente por AD Noticias, trabajadores del instituto continuaban sin información clara sobre el procedimiento, los documentos necesarios y el calendario para recibir lo que les corresponde.
El decreto ya fijaba responsables
El Decreto 365, publicado el 1 de octubre, dio a Finanzas un máximo de cinco días hábiles para nombrar al representante legal responsable de la liquidación. Salazar no informó quién fue designado ni cuándo; su declaración tampoco permite concluir que el nombramiento siga pendiente.
La norma también ordenó integrar una Comisión Transitoria de Transferencia con representantes de Finanzas, Contraloría, Consejería Jurídica, Oficialía Mayor y la persona responsable de la liquidación. Esa comisión debe establecer los procedimientos y dar seguimiento al proceso.
Salazar informó que la comisión fue conformada, pero no detalló qué acuerdos ha tomado para atender al personal ni cómo se comunicarán las decisiones a cada trabajador.
Su explicación sobre la falta de recursos en Contraloría dejó sin precisar de dónde saldrá el dinero para cubrir las obligaciones laborales. El decreto faculta a Finanzas para autorizar los ajustes presupuestarios necesarios para proteger los derechos del personal.
Los 180 días no son para pagar liquidaciones
El plazo de 180 días naturales previsto en el decreto corresponde a la expedición de reglamentos y otras adecuaciones normativas, incluido el Reglamento Interior de Transparencia Mexiquense. No es un plazo para pagar las liquidaciones.
En materia laboral, la norma ordena respetar los derechos del personal y contempla tres posibilidades: contratación, continuidad o liquidación. La comisión debe establecer los lineamientos correspondientes, con base en información sobre la relación laboral, modalidad de contratación, salario y antigüedad de cada empleado.
La desaparición del organismo, por tanto, no resuelve automáticamente el destino de toda la plantilla. Para los trabajadores que esperan una definición, siguen pendientes las respuestas más urgentes: si conservarán el empleo, cuánto recibirán quienes deban salir y cuándo podrán cobrar.
El gobierno fijó la fecha para extinguir al INFOEM. Sus trabajadores todavía esperan una fecha para recibir sus pagos.
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