La necesidad, sumada a la ignorancia, ha propiciado que en los últimos años una amplia zona ejidal del municipio de Jocotitlán, se encuentre en fase terminal.
El panorama cambia a pasos acelerados. Grandes extensiones de tierra, bosques y zonas de cultivo, se pierden cada año por la urbanización, y si bien hay quienes en el municipio consideran necesario el cambio del uso del suelo para posibilitar la lotificación de las parcelas y, con ello, el reparto de las mismas a los familiares, ello genera desencuentro entre los propios ejidatarios.
Cuestionado respecto a lo que sucede, el presidente del Comisariado Ejidal de Los Reyes, Gabriel Sánchez Ángeles, asegura que “hay una gran parte del ejido donde, desde hace años, se busca cambiar el uso del suelo para fincar, pero la asamblea no lo acepta”.
Conformado por 831 ejidatarios, el Comisariado Ejidal tiene problemas para lograr consenso en torno a lo que, desde la perspectiva de Sánchez Ángeles, es “necesario” para regular el crecimiento en la región y, a la par, evitar la sangría que significaría para los ejidatarios el tributar al Ayuntamiento.
Indica que a las asambleas concurren entre 140 y 180 integrantes, lo cual impide que se adopten acuerdos, dado que la normatividad de la Reforma Agraria establece que cualquier modificación debe ser con el aval del 50% más uno.
Explica que, en la parte alta del Ejido de Los Reyes, se está edificando desde hace tiempo y que en el Barrio de Tenería se presenta una situación similar en un área que abarca 25 hectáreas.
Una investigación de especialistas de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), señala que, en el ejido de Los Reyes, con una superficie de 1.5 hectáreas, la destrucción del hábitat es secuela de la intervención humana, que en la zona se construyeron 69 viviendas de interés social de nivel bajo, lo cual cambió el uso del suelo y destruyó el bosque.
Pero el entorno muestra una realidad más compleja. En los caminos se ven algunas tierras de cultivo, casas viejas y casas nuevas se entreveran, éstas últimas rodeadas de bardas grandes, como queriendo ocultarlas.
Sánchez Ángeles expone que la oposición radica en el alto costo de los impuestos del Ayuntamiento. “No es el cambio de ejido a propiedad, sino lo que viene después, ya que los impuestos son muy altos; yo tengo un terreno por el cual debo pagar al Ayuntamiento una fuerte cantidad, ya que debo desde hace tiempo y ahora me piden 25 mil pesos”, indica.
Ese, de acuerdo con el presidente del Comisariado Ejidal, es el problema de fondo, porque la gente no quiere pagar más impuestos.
Lo cierto es que los ejidatarios, al no contar con recursos para atenderlo, determinan venderlo para la construcción de viviendas, lo que en muchas ocasiones deriva de convenios irregulares.
De acuerdo con cifras oficiales, 8 mil 928 ejidos y comunidades del país poseen superficies cubiertas por bosques y selvas y con las modificaciones al Artículo 27 constitucional, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, significó el fin del reparto agrario, la apertura al mercado de las tierras de propiedad social – ejidal o comunal – y con ello se les quitó su carácter de inembargables, imprescriptibles e inalienables.
Con ello, parcelar, individualizar y privatizar los terrenos ejidales y comunales, incluyendo las tierras de uso común donde están bosques, ríos y montañas, propicia su venta y acaparamiento por parte de caciques, finqueros, ganaderos privados y empresas multinacionales.
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