Un muy modesto despacho de litigantes domiciliado en Toluca apenas a unos metros de la oficina de la gobernadora Delfina Gómez y a un costado de la sede del Poder Judicial, Corporativo Jurídico Becerril y Asociados, ha logrado poner en evidencia al sistema mexiquense de justicia no una, muchas veces desde hace tiempo. Una y otra vez logra ganar litigios al Estado, sencillamente porque conocen bien la ley y son mejores abogados. Ese bufete se encarga de la defensa de algunos de los detenidos o imputados en la “Operación Enjambre”, entre ellos los exalcaldes de Santo Tomás y de Amanalco, a quienes ha logrado amparar. La Fiscalía General de Justicia está en apuros y a un tris de hacer otra vez el oso, como en el caso contra el exalcalde de Toluca, Raymundo Martínez.
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El novísimo presidente del Tribunal Superior de Justicia y simultáneamente del Consejo de la Judicatura, Fernando Díaz, tiene ante sí una oportunidad de oro para demostrar con hechos que están cambiando las cosas en el Poder Judicial y transparentar las actuaciones de sus jueces para que los ciudadanos puedan saber si sus resoluciones son nefastas por amañadas o de plano la integración de las investigaciones de la Fiscalía está hecha con las patas. Todos tenemos derecho a saber dónde y por qué germina la impunidad.
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La presunción de inocencia es un principio fundamental en un Estado de derecho y una garantía judicial. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México está obligada a probar fehaciente e incontrovertiblemente que todos a quienes imputa dentro de la “Operación Enjambre” son culpables. Esa es su responsabilidad y no valen las excusas. El fiscal fue también magistrado del Poder Judicial, entiende y domina a la perfección el sistema.
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José Luis Cervantes es un buen fiscal. Mucho mejor que muchos de los anteriores. Pero los cambios en la procuración de justicia no dependen ni pueden ser resultado del esfuerzo de una sola persona, el asunto es mucho más complejo porque requiere modificaciones estructurales. Hoy todavía en la Fiscalía hay corrupción, incompetencia, perversidad y maldad. Arrebatarle de raíz la institución a los malos llevará muchos más tiempo y consistencia. La paciencia no es eterna.
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El gobierno de Estado de Unidos aumenta la presión para que el combate territorial contra los carteles sea más eficaz. En ese contexto, ha designado a la organización criminal “Nueva Familia Michoacana” como productores y exportadores de fentanilo a Georgia, Atlanta, Houston y Chicago. Peor aún, sostiene que en Toluca y Tejupilco hay laboratorios para elaborar esa droga. Algo está por suceder y, quizá, pronto se dé la captura de los líderes de esa banda.
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