La baja producción, consecuencia de la pandemia por COVID-19, ha provocado el despido de muchos empleados de la embotelladora ALPLA, empresa que elabora envases para la multinacional FEMSA. Muchos de los empleados despedidos “llevaban 10, 15 o 20 años” en la empresa y ante cualquier error en el protocolo de seguridad han sido despedidos. Esto podría parecer injustificado, pero la Ley Federal del trabajo establece en su artículo 47 que el no adoptar las medidas preventivas o seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes es una causal para una “rescisión de las relaciones de trabajo”, lo cual exenta al patrón de cualquier responsabilidad.
“Trabajamos sin margen de error” comenta un empleado de la embotelladora, quien por miedo a formar parte del cada vez mayor número de desempleados prefirió no dar su nombre, y es que con las pérdidas económicas que golpean a las empresas el personal es el primero en sufrir los estragos, quedarse sin empleo en medio de una crisis sanitaria parece el peor de los escenarios para los más de 5 millones de mexiquenses asalariados, sin embargo, hoy ésta es la realidad de muchos de ellos.
Sin embargo, la misma ley antes citada establece puntualmente las causas legales para esta rescisión, tener más de tres faltas, acoso sexual, actos inmorales o la filtración de información reservada son algunos de ellos, por lo tanto, la aplicación de un reglamento interno queda fuera de esta normativa y de ser así el empleado debe ser indemnizado con el equivalente a tres meses de salario como lo estipula la ley.
Dámaso Lara Gil, presidente de la Academia de Derecho Laboral del Colegio de Abogados, explica que en muchos casos estas empresas atentan contra los derechos humanos del empleado al violar el principio de estabilidad del empleo, la baja producción hace que muchos patrones incurran en estas prácticas al margen de la ley, la subcontratación es otra de las tácticas de los empresarios para esquivar sus responsabilidades con los empleados y a pesar de esto es completamente legal.
La Ley Federal del Trabajo, además, contempla el pago del salario mínimo al trabajador durante un mes si hay una declaratoria de contingencia, al ser el salario mínimo el pago que se le hace al trabajador muchas veces el empleador opta por despedir al personal injustificadamente, el cierre de tribunales y despachos de abogados ponen en un estado de indefensión al trabajador, en especial cuando no se encuentra sindicalizado, estos son los problemas con los que se enfrenta el sector de la población económicamente activa que percibe un salario; para los 4 millones que laboran en la informalidad la cosa es más complicada aún.
Para Dámaso Lara Gil, quien ha asesorado algunos casos de despidos injustificados, esta contingencia sirvió para visibilizar la indefensión en la que se encuentran los trabajadores, aconseja también acercarse a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo ante cualquier irregularidad, además pidió a los sindicatos que, hoy más que nunca, aboguen por los derechos del trabajador.