Toluca, Estado de México. 23 de abril de 2019. Destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de uno a tres años a los servidores públicos y docentes que incurran en hostigamiento sexual propuso este martes el grupo parlamentario de Acción Nacional.
Al presentar una iniciativa de decreto para reformar los artículos 269 y 269 Bis del Código Penal del Estado de México, a fin de sancionar tanto el hostigamiento como el acoso sexual, la bancada blanquiazul también planteó que se imponga de uno a tres años de cárcel y de 50 a 200 días de multa si la víctima es menor de 18 años o con alguna discapacidad, o bien que no pueda comprender ni resistir el hecho.
En la exposición de motivos correspondiente, el diputado José Antonio García, refirió que tanto el hostigamiento como el acoso sexual están tipificadas en el artículo 259 Bis del Código Penal Federal así como en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y destacó que el país enfrenta un reto en esta materia, por lo que es necesario diseñar propuestas para evitar que esto siga ocurriendo.
Refirió que de acuerdo al estudio sobre el panorama de violencia contra las mujeres en México, efectuado por la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011, una tercera parte de 1.2 millones de mujeres de 15 años y más que asistían a la escuela, es decir 395 mil 252, reconocieron haber sido objeto de algún tipo de violencia por parte de compañeros, profesores y hasta de autoridades educativas.
En el mismo tema, los panistas también presentaron un punto de acuerdo para exhortar, con pleno respeto a su autonomía, a los rectores y directores de universidades e instituciones de educación superior, protocolos de actuación para prevenir, atender y sancionar casos de hostigamiento y acoso sexual que fue aprobado por unanimidad por los integrantes de la LX Legislatura mexiquense.
A la propuesta original presentada, a través de la diputada Karla Fiesco, se añadió a las escuelas de educación media y básica, para que también en ellas se cuenten con estos protocolos ante la magnitud de este problema.
En la sesión legislativa de este 23 de abril el grupo parlamentario de Morena presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversos artículos de la Ley Orgánica Municipal a fin de que las autoridades auxiliares también presenten cuentas de sus acciones.
A decir del diputado Juan Pablo Villagómez Sánchez la lucha contra la corrupción emprendida por el gobierno federal es en todos los niveles y no tiene colores partidistas. Aseguró que en el Estado de México no se permitirán actos de esa naturaleza y por ello, las autoridades auxiliares que recientemente asumieron el cargo también tendrán que ceñirse a esa política.
El mismo grupo parlamentario también presentó otra iniciativa para reformar el artículo 56 del Presupuesto de Egresos del gobierno mexiquense para el ejercicio fiscal de este año para que en los proyectos de inversión pública destinados a los rubros de seguridad e iluminación se sume el rubro de protección civil. El objetivo es que los municipios cuenten con las herramientas necesarias para enfrentar cualquier imprevisto en materia de protección civil.
En el mismo tema de protección civil, también la bancada morenista, a través de la diputada Beatriz García Villegas, presentó un punto de acuerdo urgente para que se lleven a cabo acciones que contribuyan a prevenir desastres, ante la actividad que registra el volcán Popocatépetl
El llamado fue dirigido a los titulares de la Secretaría General de Gobierno, de la Coordinación General de Protección Civil de la entidad, así como al Comité Técnico que se encarga del Fideicomiso del Fondo para la Atención de Desastres y Siniestros Ambientales o Antropogénicos del estado.
Al referirse a los peligros que implica la actividad volcánica para los habitantes de los municipios mexiquenses cercanos al coloso como Ecatzingo, Ozumba, Atlautla, Amecameca, Tlalmanalco, Ayapango y Tenango del Aire, entre otros, la legisladora pidió contar con caminos de evacuación adecuados, señalización adecuada de rutas y el establecimiento de albergues dignos, entre otros aspectos.
En el marco de la sesión de este martes también se aprobó que la última jornada legislativa correspondiente al segundo periodo ordinario, a efectuarse el próximo 30 de abril, se lleve a cabo en el Centro Ceremonial Otomí, en el municipio de Temoaya, por lo que este lugar fue declarado recinto oficial del Poder Legislativo.