La ONU pide liberarlo tras 21 años preso; un juez mexiquense debe resolver

Juan Carlos Ramírez Michaca fue detenido a los 19 años en Ecatepec. La ONU calificó su detención de arbitraria y pidió su liberación inmediata. La CODHEM también se pronunció a favor de concederle la amnistía. La decisión está ahora en manos del Poder Judicial del Estado de México
noviembre 19, 2026

Juan Carlos Ramírez Michaca tenía 19 años cuando fue detenido por policías ministeriales en Ecatepec, el 20 de febrero de 2005. Había concluido sus estudios técnicos, trabajaba en el taller de radiadores de su familia y comenzaba a construir un negocio propio. Más de dos décadas después continúa en prisión, pese a que un organismo de Naciones Unidas calificó su detención de arbitraria y solicitó al Estado mexicano su liberación inmediata.

Este 19 de noviembre, familiares, abogadas y organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron en Toluca que el Poder Judicial del Estado de México resuelva la solicitud de amnistía presentada a su favor.

La petición está dirigida al juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Otumba, Magdaleno Camacho Vázquez, quien tiene pendiente pronunciarse sobre la libertad de Juan Carlos.

Juan Carlos Ramírez Michaca lleva más de 21 años preso; un organismo de la ONU calificó su detención de arbitraria y pidió su liberación inmediata / Foto: RR.SS.

La defensa sostiene que existen elementos jurídicos suficientes para concederle la amnistía, respaldados por pronunciamientos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) y del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas.

La ONU pide su liberación inmediata

Mediante la Opinión 49/2026, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas concluyó que la privación de la libertad de Juan Carlos Ramírez Michaca fue arbitraria y solicitó al Estado mexicano su liberación inmediata, así como la reparación de los daños ocasionados.

El organismo internacional identificó irregularidades relacionadas con la detención, la prisión preventiva automática, denuncias de tortura, deficiencias en la defensa y utilización de pruebas ilícitas.

También pidió una investigación independiente para determinar las responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos señaladas en el caso.

La opinión del Grupo de Trabajo no constituye una sentencia judicial mexicana ni produce automáticamente la excarcelación. Sin embargo, representa un pronunciamiento internacional que las autoridades deben examinar y atender conforme a sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Olga Guzmán Vergara, representante de la Organización Mundial Contra la Tortura, participó en la conferencia para respaldar la exigencia de que las conclusiones internacionales tengan consecuencias efectivas.

La CODHEM también se pronuncia a favor de la amnistía

El 6 de octubre, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México presentó ante el Poder Judicial mexiquense un pronunciamiento en el que reconoció violaciones a los derechos de Juan Carlos y se manifestó a favor de su liberación mediante la amnistía.

La defensa considera que ambos pronunciamientos fortalecen la solicitud presentada ante el juez de Ejecución Penal de Otumba.

Las abogadas Araceli Olivos Portugal y Roberta Cortés Ruiz sostienen que el caso se encuentra dentro de los supuestos contemplados en el artículo 4, fracción II, de la Ley de Amnistía del Estado de México.

Esa disposición contempla la intervención de organismos de derechos humanos en determinados procedimientos de amnistía cuando se han identificado violaciones a derechos fundamentales.

La decisión corresponde al órgano judicial competente, que deberá examinar la solicitud, las constancias del expediente y los requisitos legales aplicables.

Una detención marcada por denuncias de tortura

La defensa sostiene que Juan Carlos fue acusado a partir de una confusión de identidad relacionada con su apellido, Michaca, utilizado presuntamente para vincularlo con otra persona señalada por homicidios ocurridos en su colonia.

Sus representantes denunciaron que fue golpeado y sometido a tortura física y psicológica para obligarlo a declararse culpable.

La CODHEM se pronunció a favor de conceder la amnistía a Juan Carlos, cuya defensa denuncia irregularidades en el proceso penal / Foto: RR.SS.

Entre los métodos descritos se encuentra la inmersión de su cuerpo en un recipiente con agua.

También cuestionaron la correspondencia entre las armas relacionadas con los hechos y aquellas utilizadas para sostener la acusación.

Otro de los señalamientos involucra a un testigo que, según la defensa, habría sido detenido y golpeado antes de rendir una declaración posteriormente utilizada contra Juan Carlos.

Las abogadas consideran que estas irregularidades comprometieron la validez de las pruebas y las garantías del proceso penal.

La petición de libertad se acompaña de la exigencia de investigar las actuaciones de policías y autoridades involucradas, identificar posibles responsabilidades y garantizar la reparación de los daños.

De un taller en Ecatepec a más de dos décadas en prisión

Antes de su detención, Juan Carlos vivía en Jardines de Morelos, Ecatepec. Había estudiado informática administrativa y ayudaba en el negocio familiar de radiadores.

Su esposa, Alejandra Estrada García, lo conoció cuando ambos eran adolescentes. Compartían proyectos de vida que quedaron interrumpidos con la detención de febrero de 2005.

De acuerdo con la familia, policías ministeriales ingresaron al domicilio sin una orden judicial y se llevaron a Juan Carlos junto con otros familiares. Durante el operativo, según su testimonio, hubo amenazas, golpes y agresiones.

Posteriormente fue acusado de homicidio y condenado a prisión.

La defensa sostiene que la responsabilidad penal se construyó mediante declaraciones obtenidas irregularmente, testimonios cuestionados y pruebas que no correspondían con los hechos investigados.

Alejandra Estrada García ha acompañado durante más de dos décadas la búsqueda de libertad de su esposo, Juan Carlos Ramírez Michaca / Foto: RR.SS.

Alejandra ha acompañado durante más de dos décadas las gestiones para conseguir su libertad. Sus hijos han crecido mientras su padre permanece encarcelado.

Durante la conferencia en Toluca, familiares y defensoras insistieron en que los pronunciamientos nacionales e internacionales deben traducirse en una resolución judicial.

La decisión pendiente del juez de Otumba

La solicitud de amnistía se encuentra ante el juez Magdaleno Camacho Vázquez, del Distrito Judicial de Otumba.

La defensa considera que los pronunciamientos de la CODHEM y Naciones Unidas ofrecen elementos suficientes para resolver favorablemente la petición.

Sus representantes señalaron que esperan una respuesta judicial dentro del plazo que consideran aplicable al procedimiento. No obstante, para establecer una fecha límite precisa es necesario confirmar cuándo fue admitida la solicitud y qué disposiciones procesales rigen su resolución.

La familia también exige que se investiguen las violaciones denunciadas y se determinen las responsabilidades correspondientes.

El caso plantea una cuestión que rebasa la situación individual de Juan Carlos: qué respuesta deben ofrecer las instituciones mexicanas cuando organismos de derechos humanos documentan irregularidades graves en un proceso penal y solicitan la libertad de una persona.

Después de más de dos décadas de encarcelamiento, Juan Carlos Ramírez Michaca continúa a la espera de una resolución.

Su familia cerró la conferencia con una exigencia: «¡Ni un día más en prisión!»

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