No hay fecha para concluir el distribuidor de la vialidad Aeropuerto-Naucalpan, aunque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) reporta un avance de más del 80%, vecinos de la zona están amparados debido a que la empresa ACCIONA S.A de C.V. no quiere indemnizarlos para poder edificar los carriles de baja velocidad que forzosamente necesita la zona.
A más de un año de iniciar la construcción de 450 millones de pesos que gastó el gobierno federal, y con 4 cuatro ramales terminados, la obra aún no es funcional, debido a que se quiere expropiar parte de las fachadas de negocios y casas.
Arturo Chavarría Sánchez, representante legal de los vecinos, con planos en mano, explicó que tanto el gobierno federal como la empresa española que construye el distribuidor se niegan a indemnizar a los afectados.
“En este tema hay muchas incógnitas que dejan al descubierto que el gobierno federal y de todos los niveles realizan negocios con las constructoras benéficos para algunos cuántos, y que terminan afectando a la ciudadanía, se supone que para iniciar esta obra la empresa debió contar con los permisos ambientales, libre de gravámenes, sin afectaciones que pudieran perjudicar al proyecto”
De acuerdo con la información del representante legal, aunque la obra sigue avanzando en algunas partes, no hay una fecha para entregarla porque 45 ejidatarios y condóminos interpusieron un amparo 1299/2014 para evitar ser despojados de sus propiedades.
El Proyecto
Desde hace más de 10 años la zona ha estado en constante remodelación, las construcciones a lo largo de la vialidad Aeropuerto desde López Portillo hasta Tollocan, no se han detenido desde la época en que Enrique Peña Nieto fue gobernador.
Ya como presidente de la República afínales de 2013 anunció una inversión de más de mil millones de pesos para construir 4 distribuidores en el Valle de Toluca, uno de ellos el de la entrada a Los Sauces.
La empresa que ganó la licitación federal fue la española ACCIONA S.A de C.V., la cual comenzó a construir el distribuidor vial en el mes de mayo de 2014; esta obra se conforma de seis estructuras a desnivel que darán continuidad al tránsito vehicular, cuatro de ellas van a 7 metros de altura y dos en el 2do nivel que son 17metros en su punto más alto.
El proyecto ejecutivo se advierten carriles de baja velocidad, sin embargo en la zona no existen porque hoy son parte de la banqueta o fachadas, que tendrían que derrumbarse para permitirlos, se trata de casi mil 900 m2 de espacios ocupados que se ven afectados, y más de 600 m2 de terrenos ejidales.
Se argumenta que debido a que esta zona tiene tantos años en construcción se indemnizó a los vecinos, sin embargo no se considera que con el distribuidor tendrían que quitarles un pedazo nuevo de su propiedad, pero quieren expropiarlo, advirtió el representante legal.
El contrato que celebró la SCT es: 2014-15-CE-A-025-W-00-2014, la información oficial señala que GRUPO: ACCIONA INFRAESTRUCTURAS DE MÉXICO, GAMI INGENIERIA E INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DICSSA Y DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS HISPANO-MEXICANAS, TODAS S.A. DE C.V., son las encargadas del proyecto.
Chavarría Sánchez advierte que ellos están tratando con un despacho denominado GIA (INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y ASOCIACIADOS) propiedad de Hipolito Gerard Rivero, quien se presume es cuñado del ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari.
El Conflicto
Desde su inicio la empresa dispuso, sin previo aviso, de la zona en cuestión de semanas, los ocho carriles con los que se contaban fueron cerrados, jamás se colocó señalización para las vías alternas, e inclusive se registraron manifestaciones por parte de los colonos de San Nicolás Tolentitno porque sus calles eran muy estrechas para que circularan más de 10 mil vehículos, además de que no estaban pavimentadas.
Se estima que en más de un año que lleva la construcción se perdieron ya 200 millones de pesos, no sólo del comercio establecido, entre horas-hombre, que se pierden al transitar, pues para pasar este tramo se requiere de más de 20 minutos.
Arturo Chavarría Sánchez, explicó que los 45 afectados, a quienes hoy se les quiere quitar parte de sus propiedades para construir los carriles de baja velocidad, tuvieron algunos acercamientos con la empresa, la cual no quiso pagarles los 14 mil pesos por m2 que solicitaban como indemnización, en total casi 40 millones de pesos para todos, menos del 10% del costo total de la edificación.
“Lo que estamos pidiendo es la intervención del gobierno federal en el tema, queremos que este puente se termine a la brevedad, pero con las menores afectaciones y no se puede negociar con personas que no tienen valor social, que sólo les interesa construir sin ver lo que ocurre a su alrededor, muchos negocios ya cerraron, hay estrés, se inunda, calles con baches, hasta cuando pasa el camión de la basura hacia los rellenos deja una estela de mal olor que dura horas, pero esto no lo ven y se niegan a pagar lo justo”, expresó Chavarría Sánchez.
Ante esta situación, no existe una fecha certera para que el distribuidor se entregue por parte del gobierno federal, además de que esta situación encarecerá la obra, pero sobre todo continuará obstruyendo la vida de más de 400 mil personas que habitan y confluyen en la zona.
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