Juan “N”, señalado como uno de los principales operadores del huachicoleo de agua en el Estado de México, fue detenido por agentes de la Fiscalía mexiquense. Es identificado como líder de la Federación Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Asalariados de México (FITTAM) y vocero de Sindicatos Unidos por la Transformación de México (SUTMEX). Según autoridades, habría utilizado su influencia sindical para encubrir actividades ilícitas relacionadas con la extracción, comercialización y distribución clandestina del recurso hídrico.
La detención forma parte de la segunda fase de la Operación Caudal, estrategia conjunta entre gobiernos estatal y federal para desmontar redes criminales dedicadas al saqueo sistemático del agua. Juan “N” era considerado objetivo prioritario por su presunta participación en este esquema, además de estar vinculado con posibles delitos de extorsión. Durante su captura se le aseguraron armas de fuego y cartuchos útiles de distintos calibres.
Operación Caudal fue desplegada el 24 de octubre por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SEDENA, Marina, Guardia Nacional, la Fiscalía mexiquense y autoridades estatales, con apoyo de CONAGUA y la CAEM. El operativo ha intervenido cerca de 200 puntos catalogados como pozos o redes clandestinas en 48 municipios del Estado de México.
Las investigaciones revelan un patrón: la mayoría de los sitios ilegales eran operados por organizaciones que se ostentan como sindicatos o movimientos sociales. Entre las más señaladas se encuentran:
- Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON)
- Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME)
- Los 300
- Libertad
- 25 de Marzo
- Chokiza
Estas agrupaciones presuntamente controlaban la extracción clandestina, sobreexplotación de pozos, ordeña de redes y cobro irregular por suministro, en algunos casos bajo amenazas o presión.
El saqueo del agua, una amenaza estructural
Autoridades alertan que el huachicoleo hídrico no solo representa un delito ambiental, sino un riesgo directo para la seguridad hídrica del Valle de México. Las organizaciones implicadas habrían convertido el acceso al agua en un negocio paralelo, operando al margen de la ley y poniendo en riesgo el abastecimiento de comunidades.
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