Regidores de Morena del Ayuntamiento de Toluca exigieron, durante la sesión de Cabildo de este jueves, buscar soluciones a la deuda de 18 millones 935 mil pesos con la empresa “Diseño y Construcciones de Hermosa Provincia”, responsable de operar la ampliación de una unidad deportiva durante la administración 2010-2012 de la priista María Elena Barrera Tapia.
De acuerdo con lo expuesto en Cabildo, la deuda tuvo su origen en la ampliación de una unidad deportiva en San Blas Otzacatipan. Según los ediles morenistas, esta deuda se convirtió en un lastre para las administraciones siguientes, debido a su falta de liquidación y el incremento por impuestos no pagados, alcanzando los 27 millones de pesos.
En noviembre de 2022, el Cabildo, liderado por el alcalde Raymundo Martínez Carbajal, aprobó por unanimidad la entrega de un predio de 19 mil metros cuadrados en San Mateo Otzacatipan para saldar esta deuda y evitar la destitución de los funcionarios municipales.
Esta decisión se tomó tras el fallo de la Segunda Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia a favor de Martha Facundo Hernández, a quien la empresa cedió los derechos del litigio.
Sin embargo, la Comisión de Patrimonio Estatal y Municipal del Congreso del Estado de México rechazó la solicitud de desincorporación del predio, destacando que su valor supera significativamente la deuda.
La administración actual debe resolver el adeudo
El regidor Mario Cardoso resaltó que el litigio se encuentra en una etapa avanzada en la ejecución de una sentencia judicial que no deja margen para recursos legales adicionales.
Enfatizó en que este escenario implica que la administración actual debe asumir la responsabilidad de resolver una situación legal compleja heredada de sus predecesores.
“Se trató de ver si dando ese inmueble podíamos ya pagar ese adeudo, que si bien es cierto no le corresponde a esta administración, pero legalmente somos responsables, ni modo, ya nos tocó bailar con la más fea”, expresó Mario Cardoso.
Los regidores de Morena coincidieron que la responsabilidad de resolver estos problemas no solo tiene implicaciones legales, sino que también afecta la confianza pública en la gestión del Ayuntamiento.
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