México celebró este domingo la consulta ciudadana para decidir si se investiga y enjuicia a cinco expresidentes por corrupción. Este ejercicio democrático fue impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena.
El titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, dijo que la jornada transcurre en calma y que solo ocho de 57.000 mesas no fueron instaladas por decisión de comunidades.
Para ser vinculante deben votar 37,4 millones de personas (40% del padrón electoral). El «sí» lograría hasta 90%, pero «difícilmente se llegará al 30%» de participación», señaló Roy Campos, director de la encuestadora Mitofsky.
Un conteo rápido será anunciado por el INE en la noche.
«Sabemos que es un proceso y que no por esta consulta se va luego a enjuiciar a los expresidentes, pero es (…) una esperanza de que se haga justicia», comentó a AFP Montserrat Rosas, funcionaria de 25 años, en un puesto de votación de Ciudad de México.
De paso por este recinto, Sergio Mancilla, ejecutivo de ventas de 56 años, afirmó que no votaría porque lo que se decida «va a quedar en el papel».
– Pregunta compleja –
Tras sufragar, el coordinador de Morena, Mario Delgado, afirmó que el objetivo es «terminar con la impunidad que representan los expresidentes».
El referéndum apunta hacia Carlos Salinas (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). En México los exmandatarios pueden ser juzgados como cualquier ciudadano, pues pierden el fuero al dejar el poder.
Pero AMLO argumenta que la consulta es necesaria porque contribuirá a la aplicación de justicia y fortalecerá la democracia participativa.
Aunque ha dicho que no votará para que la oposición no lo acuse de vengativo y porque hay que «seguir adelante», el sábado quiso dar marcha atrás. Pero el puesto que le corresponde está en Ciudad de México y este domingo visitaba Nayarit (oeste).
Con un 57% de aprobación según Mitofsky, AMLO también impulsó una reforma que permite someter a los presidentes a un referendo revocatorio cuando cumplan la mitad del mandato de seis años. Él anunció que lo hará voluntariamente en 2022.
La pregunta propuesta por López Obrador, quien considera la corrupción como el principal problema del país, citaba a sus cinco antecesores, pero la Suprema Corte la modificó al avalar el referéndum.
«Ni los abogados la entendemos», declaró a AFP la constitucionalista Paula Sofía Vázquez.
El enunciado reza: «¿Está de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?».
– «Comisión de la verdad» –
Para Luis Carlos Ugalde, expresidente del INE, si la fiscalía tiene elementos contra los exmandatarios no es necesario que «el pueblo te diga sí o no».
«Es hacer de la justicia un circo político», comentó José Miguel Vivanco, director regional de Human Rights Watch.
Pero para Omar García, estudiante de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que el 26 de septiembre de 2014 atestiguó cómo 43 compañeros fueron detenidos por policías cómplices de narcotraficantes para luego ser desaparecidos, escuchar la «voz popular» es válido así no sea vinculante.
Un comité que promueve el referendo, encabezado por él, propondrá a Morena una «comisión de la verdad» para esclarecer los casos que involucrarían a los expresidentes, anticipó Delgado.
Alegando falta de recursos, el INE realizó una modesta promoción del referendo. Instaló 57.000 urnas, frente a 160.000 de las elecciones legislativas y locales de junio pasado.
López Obrador acusa al organismo de avalar «fraudes» en el pasado.
«Es falso que el INE no quiera la consulta», asevero Córdova, confiando en que AMLO participe.
El mandatario llama a tener presente este domingo el supuesto espionaje a opositores, periodistas y defensores de derechos humanos con el software Pegasus durante el gobierno de Peña Nieto, a quien vincula también con los sobornos de la empresa constructora brasileña Odebrecht.
Además, acusa a Salinas de vender sectores estratégicos, como el telefónico, a «allegados», y a Zedillo de «endeudar» al país al absorber una millonaria cartera vencida de los bancos tras la crisis de 1994.
A Fox, en tanto, lo responsabiliza de haber maniobrado para impedir su candidatura presidencial en 2006, y a Calderón de desatar un baño de sangre con su guerra antidrogas.