El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) ofreció una disculpa pública a una menor de edad y a su madre por la vulneración de diversos derechos humanos derivada de actuaciones institucionales ocurridas en 2020, cuando la víctima fue separada de su núcleo familiar durante más de un año y nueve meses sin que existiera una determinación judicial.
Durante el acto, el procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, Óscar Fernando Castañeda Bastida, reconoció públicamente las omisiones cometidas por las autoridades involucradas, entre ellas la demora en la emisión de valoraciones necesarias para la reintegración familiar de la menor.
Recordó que en 2020, a través del DIF de Chapa de Mota, se determinó la canalización de la víctima a un Centro de Asistencia Social ubicado en Toluca, situación que derivó en una separación prolongada de su familia.
«Esta Procuraduría reconoce que faltó a su deber de protección de las infancias, de velar por el interés superior de la niñez», expresó.
El funcionario subrayó que, aunque los hechos no ocurrieron durante la actual administración estatal, el acto corresponde a una responsabilidad institucional derivada de una recomendación emitida por organismos defensores de derechos humanos.
«No sucedió en esta administración, pero asumimos esta responsabilidad con empatía y compromiso institucional», señaló.
Asimismo, indicó que la experiencia servirá para fortalecer los mecanismos de actuación de la dependencia y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
Los derechos humanos vulnerados reconocidos durante la disculpa pública fueron el derecho a la debida diligencia, el derecho a la no revictimización, el derecho a vivir en familia y el derecho a la supervivencia y desarrollo integral.
En representación de la víctima, la quejosa aceptó las disculpas institucionales ofrecidas por el DIFEM.
Además, el procurador se comprometió a implementar medidas legales y administrativas para prevenir futuras violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes.
De acuerdo con la recomendación correspondiente, también están involucradas otras instancias como la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y el DIF municipal de Chapa de Mota.
Entre las personas señaladas por los hechos se encuentran cinco exservidores públicos, incluida la entonces procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Cristel Pozas Serrano, hoy funcionaria del Poder Judicial, así como la entonces presidenta del DIF municipal de Chapa de Mota.
Como parte de las medidas de reparación, la Codhem señala que la Fiscalía deberá cubrir una compensación económica que será determinada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, además de garantizar atención psicológica para las afectadas.
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