Jaime Herrera Corral, ex secretario de Hacienda del estado de Chihuahua en la administración del priista César Duarte, acusado este último de peculado y prófugo de la justicia, indicó que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), trianguló 250 millones de pesos para apoyar campañas electorales priistas en estados de la república en donde el Tricolor no gobernaba.
Así lo indicó en una declaración ministerial a la que tuvo acceso el diario Reforma, en una investigación realizada por el reportero Abel Barajas. En ella, el ex funcionario del gobierno de Duarte indicó que en 2016 hubo un acuerdo entre en Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI y la SHCP, a través del cual la dependencia federal destinaría los recursos acordados a los gobiernos priistas de César Duarte en Chihuahua, Javier Duarte en Veracruz y Egidio Torre en Tamaulipas, para que a su vez ellos simularan compras a empresas fantasmas y se destinaran esos recursos a las campañas priistas en otros estados.
“Alejandro Gutiérrez era el operador financiero del PRI. Me comentó que había un acuerdo con la Secretaría de Hacienda federal para que, a través de tres estados, siendo estos Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua, apoyaran con la operación electoral a nivel nacional del año 2016 para aquellos estados en donde no se tenían gobiernos priistas, y requerían recursos”, indicó Herrera.
El acuerdo se gestó entre el entonces dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y el secretario de Hacienda en ese entonces, Luis Videgaray Caso y se realizó a través del operador de Beltrones y ex secretario del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez y Alfonso Isaac Gamboa Lozano, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de Hacienda. La transacción ilegal se nombró “Convenio de Fortalecimiento Financiero”.
En el testimonio de Herrera Corral se menciona que la operación ilegal se llevó a cabo a través de los estados para que la Auditoría Superior de la Federación no detectara las irregularidades de las transacciones, irregularidades que al final vieron la luz.
“(Se pidió que) el dinero exigido saliera de dinero público pero de origen estatal, ello como decisión de las áreas de Egresos y Administración de la Secretaría de Hacienda del estado, a efecto de no hacer una devolución de recursos de origen federal con el mecanismo solicitado, en virtud de que se buscó que no fuera observado por la ASF”.
Este es el segundo caso que se da a conocer a la opinión pública relacionado con dinero de procedencia ilegal para operar campañas priistas. Hace dos semanas, la agencia Quinto Elemento Lab hizo públicos cuatro videos en los que tres ex ejecutivos de la empresa Odebrecht especificaron la forma en que canalizaron recursos millonarios para apoyar la campaña presidencial de Peña Nieto. A pesar de las pruebas, ninguna autoridad federal ni del gabinete presidencial ha sido vinculada a juicio por los actos de corrupción realizados.