Toluca, México; 28 de mayo de 2018. En agosto, los 60 diputados federales que tiene el Estado de México abandonarán sus curules luego de tres años. Algunos se irán después de entregar resultados, pero la mayoría se irá con una discreta labor legislativa y, en algunos casos, hasta invisible. Sobre este punto, una de las menos activas fue la atlacomulquense María Guadalupe Alcántara Rojas, quien llegó a San Lázaro sin obtener un solo voto y quien, luego de tres años, sólo presume cuatro iniciativas, aunque ninguna de su autoría.
Alcántara Rojas tomó protesta como diputada en agosto de 2015 y su trabajo legislativo comenzó en octubre, cuando adhirió su nombre a un proyecto en el que se declara el 19 de noviembre "Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil". La priista volvió a tener actividad hasta septiembre de 2017, momento en se sumó al proyecto que intentó reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución en materia de financiamiento privado para partidos políticos y reducción de legisladores tanto federales como locales, iniciativa que no fue aprobada.
Su actividad continuó en marzo de este año, cuando suscribió el proyecto de decreto que expidió la Ley General de Comunicación Social, mientras que, un mes después, también se añadió a un proyecto de decreto que pretendía reformar los artículos 61, 74, 108, 111, 112 y 114 para suprimir el fuero constitucional de los servidores públicos.
Alcántara Rojas también reporta cinco puntos de acuerdo en los que ha participado. Sin embargo, ninguno de ellos de su puño y letra, pues sólo figura como suscribiente. Estos trabajos se reducen a, primero, concordancias para condenar hechos en Bélgica, Pakistán, Bangladesh e Iraq y, segundo, a establecer un punto de acuerdo con relación a la contratación de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales para la ejecución de obras de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la CDMX.
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María Guadalupe es hermana del empresario Roberto Alcántara Rojas, presidente del Grupo Toluca y principal accionista de IAMSA, consorcio de autobuses y aeronaves que administra las líneas de ETN y VivaAerobús. Además, es accionista en el grupo periodístico PRISA, editor del diario español El país, y uno de los personajes más cercanos al presidente Enrique Peña Nieto al grado de ser considerado el "empresario del sexenio".
Otro diputado mexiquense de bajo perfil administrativo es Ignacio Pichardo Lechuga, hijo del ex gobernador del mismo nombre, quien en casi tres años como diputado federal sólo presume seis iniciativas de ley, pero sólo dos de ellas de su propiedad intelectual.
Su labor como diputado comenzó el 22 de septiembre de 2015, cuando suscribió un proyecto de decreto para reformar los artículos 28 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y 223 de la Ley Federal de Derechos para crear el "Programa de Pago del Agua a los Dueños de los Bosques que la Producen", otorgando vales mensuales a los propietarios de terrenos. Ese mismo día adhirió su nombre a un proyecto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Salud, iniciativa que ese mismo día fue rechazada.
No volvió a tener actividad legislativa hasta el 26 de septiembre de 2017, cuando se añadió, así como lo hizo Alcántara Rojas, a un proyecto de decreto para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución en materia de financiamiento privado para partidos políticos y reducción de legisladores tanto federales como locales.
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El 30 de noviembre de 2017 formuló una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático. Su actividad en el rubro terminó en marzo pasado, momento en que propuso la segunda iniciativa de su autoría y que se trató de un proyecto para expedir la Ley para la Remediación y la Restauración Ambiental de las Cuencas Hidrológicas Fuertemente Contaminadas, pero que a la fecha se encuentra pendiente.
Otro diputado federal que reporta baja rentabilidad legislativa es el ex alcalde David Sánchez Isidoro, quien sólo figura en nueve iniciativas, cuatro de ellas de su autoría y que, a la fecha, ninguna ha prosperado. Reporta tres puntos de acuerdo; dos de su propiedad, pero sólo uno aprobado.
A pesar de la baja rentabilidad de los diputados, cada uno percibe puntualmente 74 mil 672 pesos de dieta mensual, 45 mil 786 de asistencia legislativa y 28 mil 772 pesos por asistencia ciudadana.