Algunos gobiernos han activado mecanismos de deuda pública, créditos, apoyos económicos o estímulos fiscales cuyo origen y destino deben ser supervisados
La gran mayoría de los congresos locales, entre ellos el mexiquense, han desaprovechado las herramientas que les otorga la Constitución para vigilar las acciones del Ejecutivo y transparentar el ejercicio de los recursos.
El reporte de Transparencia Mexicana y la asociación Tojil, tras un análisis de las acciones de los 32 congresos locales, la Legislatura federal y el Senado de la República, para dar seguimiento a los recursos públicos y las acciones emprendidas tras la pandemia provocada por el covid 19, muestra que casi ninguna Cámara de Diputados ha aprovechado la posibilidad de crear una comisión especial por el Covid-19.
Estas organizaciones, que pugnan por la transparencia, detectaron que aún cuando en algunas Legislaturas han comparecido funcionarios, después de 100 días de la declaratoria de emergencia apenas dos congresos locales han creado comisiones especiales de seguimiento específico a temas relacionados con el Covid 19 y son Sonora y Coahuila.
El resto, entre ellos el Estado de México, no lo han hecho; tampoco el Senado, ni la Cámara de Diputados federal, a pesar de que la mayoría de legisladoras y legisladores se han pronunciado en sus redes sociales y hasta en comunicados a favor de la transparencia en el ejercicio de los recursos.
Tanto la Legislatura federal, como las locales tienen la obligación de asegurar que los recursos públicos destinados a la crisis sanitaria y económica se utilicen exclusivamente para esos fines.
La conclusión de ambas organizaciones es que las y los diputados locales no han aprovechado las herramientas que la Constitución les otorga, pues una de sus funciones es vigilar las acciones del Poder Ejecutivo, aún cuando un mismo partido controle ambos poderes, ya que los representantes populares tienen el mandato constitucional de vigilar y fiscalizar las acciones de los poderes ejecutivos del país.
Ambas organizaciones también han exhibido que el gobierno del Estado de México, y la mayoría de las entidades no han transparentado las adquisiciones con motivo de la pandemia
Transparencia mexicana y Tojil advirtieron que para la atención de la emergencia sanitaria tanto el Gobierno federal, como los estatales han requerido suministros para hospitales y centros de salud, han recibido donativos, e incluso ha negociado condiciones preferenciales con otros gobiernos y países para la adquisición de bienes, a fin de hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia.
También señala que algunos gobiernos, entre ellos el federal, han activado mecanismos de deuda pública, créditos, apoyos económicos o estímulos fiscales cuyo origen y destino deben ser supervisados.
Las organizaciones puntualizan que tanto la Legislatura federal, como las locales tienen la obligación de asegurar que los recursos públicos destinados a la crisis sanitaria y económica se utilicen exclusivamente para esos fines.
La comisión especial es un órgano colegiado con la tarea de atender, investigar y observar asuntos de interés público y el resultado de la investigación debe ser del conocimiento del Ejecutivo. La naturaleza de esos órganos es plural, pues se integra por diputados de diferentes grupos parlamentarios y son un espacio de diferentes perspectivas de los partidos.
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Ambas organizaciones también han exhibido que el gobierno del Estado de México, y la mayoría de las entidades no han transparentado las adquisiciones con motivo de la pandemia, y también han señalado que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México tampoco ha emprendido revisiones en la materia.
Aun cuando los legisladores han señalado que están en constante comunicación con el gobierno estatal, no se ha transparentado a través de algún sitio las adquisiciones, compras y acciones que se están realizando para atender el tema de la pandemia.