Con la conciencia tranquila van a poder descansar los obispos y figuras eclesiásticas de México, luego que el Congreso de la Unión decidiera “aplazar” la discusión de la iniciativa presidencial para legalizar el matrimonio igualitario a nivel nacional.
Sin tantita pena, como dice la canción, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Cesar Camacho Quiroz, anunció que no se tocaría en el próximo periodo de sesiones el tema del matrimonio igualitario, debido a que existen otros de “mayor trascendencia” para el país, además de advertir que existen “opiniones encontradas” dentro de la bancada de los legisladores del tricolor. No, los gays, las lesbianas, los bisexuales y trans no somos de trascendencia en este país. Somos indeseables para ellos.
Así, con esa desfachatez, el PRI vuelve a sepultar los derechos que por ley corresponden a la ciudadanía. Así, con la mano en la cintura, relegan los derechos humanos de las minorías y premian los ataques homofóbicos de los prelados que despotrican majadería y media desde los sagrados púlpitos de los templos católicos.
Y no está demás, querido lector, pero pareciera que el tema de la igualdad de condiciones le vale “un pepino” al Estado. De acuerdo con los artículos 24 y 136 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deja en claro una separación entre el Estado y la Iglesia. Además el artículo primero constitucional marca que “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
Sin embargo, las instituciones y los curas parecen no entender de leyes, a pesar de ser el máximo documento quien lo indica. Recientemente la Secretaría de Gobernación ignoró, tajantemente, las peticiones de agrupaciones en pro de la diversidad sexual y sociedad civil, para realizar observaciones y sanciones a los discursos homofóbicos de los ministros de culto.
La Segob sólo compartió que no se podía dar una intervención, porque aquellos que predican el amor de Dios sólo están ejerciendo su libertad de expresión, no obstante, también el artículo sexto de la Carta Magna anuncia que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, SINO EN EL CASO DE QUE ATAQUE A LA MORAL, LA VIDA PRIVADA O LOS DERECHOS DE TERCEROS, provoque algún delito, o perturbe el orden público”.
Entonces: ¿Dónde está la salida a todo este conflicto?, ¿Quién puede auxiliar a la comunidad LGBT, sin dejarla desprotegida de los derechos que le corresponden?, ¿Quién pondrá un alto a los prelados que se dedican fervientemente a profanar el odio entre los feligreses?
El 31 de mayo pasado, México pidió entrar al Grupo Núcleo de la Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) de Derechos LGBT, al asegurar que en el país se garantizaban los derechos de todos, sin importar si eran heterosexuales o no. Pero no lo hacen, aquí pesan más los diezmos y los votos, que el respeto a la diversidad sexual.
La Inquisición está a la vuelta de la esquina. 60 marchas programadas en todo el territorio nacional “a favor de la familia y el matrimonio natural” lo anuncian. Los 2.1 crímenes de odio que se cometen de manera mensual en el Estado de México, según cifras de Grupos Vulnerables A.C., lo ratifican.
Están humillando los derechos humanos, están discriminando a diestra y siniestra. Nos están matando por nuestra orientación sexual o identidad sexogenérica y lo que es peor, lo hacen de manera pública y sin castigo alguno para quienes lo fomentan o lo cometen. Prelados, políticos, miembros del Frente Pro Familia, pueden dormir con la conciencia tranquila. A fin de cuentas, en sus mentes sólo reposan las vidas de miles de gays, lesbianas, bisexuales y trans que a diario se discriminan y matan en México.
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