Disputa fratricida en el PRD por Chalco

Simpatizantes de una de las fracciones del PRD en conflicto realizaron una movilización pública para exigir que de inmediato se implementen las medidas de necesarias para hacer valer el fallo emitido por el Tribunal Electoral del Estado de México el pasado 13 de octubre que obliga a la toma de protesta de Fernando Ruiz Razo como alcalde suplente de Valle de Chalco. A través de un comunicado despachado a las redacciones por el equipo de comunicación social del diputado local Javier Salinas Narvaez se destaca que en el acto político organizado la mañana de este viernes  “en Valle de Chalco
octubre 23, 2015

Simpatizantes de una de las fracciones del PRD en conflicto realizaron una movilización pública para exigir que de inmediato se implementen las medidas de necesarias para hacer valer el fallo emitido por el Tribunal Electoral del Estado de México el pasado 13 de octubre que obliga a la toma de protesta de Fernando Ruiz Razo como alcalde suplente de Valle de Chalco.

A través de un comunicado despachado a las redacciones por el equipo de comunicación social del diputado local Javier Salinas Narvaez se destaca que en el acto político organizado la mañana de este viernes  “en Valle de Chalco urge que el Gobierno del Estado de México rompa el silencio cómplice en que ha incurrido tras la necedad del diputado local Jesús Sánchez Isidoro (también perredista) de no soltar la administración municipal, y que tome medidas para hacer que la ley y el fallo del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) en favor de Fernando Ruiz Razo se respete”, y cita al propio legislador como fuente y agrega que también es dirigente de estatal de Nueva Izquierda (NI).

“Luego de la movilización en que participaron más de 5 mil personas para exigir que se cumpla la sentencia de los magistrados electorales locales, el además vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Legislatura mexiquense advirtió que, en caso de que el Gobierno (SIC) estatal no intervenga para solucionar el conflicto a la brevedad, el  gobernador Eruviel Ávila está gestando un conflicto en su territorio y José Manzur, secretario general de Gobierno, incumple su obligación jurídica de mantener la paz y estabilidad de la entidad, como encargado de la política interna”, dice textual el comunicado.

“A menos que estas condiciones convengan políticamente al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que es al que ambos pertenecen, y por eso se nieguen a entrarle al toro por los cuernos, pues a un PRD dividido sólo lo ve con buenos ojos el Ejecutivo”, conjetura en el texto.

“Exigimos al Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) concrete el acto de entrega-recepción de la administración municipal con base en la sentencia emitida por el TEEM”, emplaza.

Jesús Sánchez Isidoro -dice el boletín-, mintió al Poder Legislativo para obtener su licencia como diputado local; justificó que era motivado por asuntos personales, “salvo que el PRI conociera sus verdaderas intenciones y por eso las avalara, a pesar de que fue incluida, de último momento y sin mayor explicación, en el orden del día de la sesión del 15”.

Con su conducta, continúa el comunicado, Sánchez Isidoro viola la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, como la ley máxima de la entidad, que en su artículo 120 establece: “No pueden ser miembros propietarios o suplentes de los ayuntamientos… Los diputados a la Legislatura del Estado que se encuentren en ejercicio de su cargo”. Esta misma norma, prosiguió, en el Artículo 145 que dispone: “Nunca podrán reunirse en un solo individuo dos empleos o cargos públicos del Estado o de los municipios por los que se disfrute un sueldo… Ningún individuo podrá desempeñar dos cargos de elección popular, pero el electo podrá optar de entre ambos el que quiera desempeñar”, y Sánchez Isidoro optó por el de diputado local desde el momento en que tomó posesión el 04 de septiembre pasado.

Este afán personal, concluye el boletín, atenta claramente no sólo contra la legalidad, sino contra el derecho ciudadano a una autoridad legítima que atienda sus demandas de servicios públicos.

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