El proceso electoral avanza en el Estado de México y, al mismo tiempo, se dan a conocer supuestas irregularidades que colocan en entredicho la forma en que, presuntamente, se genera parte del financiamiento para la campaña de Alfredo del Mazo Maza.
Paulo Díez Gargari, abogado de la empresa Infraiber, denunció ante la Secretaría de Hacienda la forma en que el fondo carretero de mil 600 millones de pesos de la cuenta de cheques del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (Saascaem) pudo ser utilizado para financiar la campaña del candidato priísta al gobierno del Estado de México.
El recurso se repartiría entre un millón de votantes o se depositaría en un millón de tarjetas de débito; incluso, señaló que los mil 600 millones de pesos se colocaron en la cuenta 0102614057 de Bancomer, entre el primero de enero y el 30 de septiembre de 2016, cifra que desapareció al cierre del año, sin aparecer en el flujo financiero del Saascaem.
El sitio Regeneración, da cuenta de las declaraciones de Díaz Gargari: “dichos recursos no están registrados como ‘ingreso’ ni como disposiciones de crédito o financiamiento en los estados financieros del Saascaem al 30 de septiembre de 2016. El monto está referido como una cuenta por pagar a corto plazo en favor del gobierno del Estado de México”.
Una de las referencias que se hacen, versa sobre la presión que realizó el gobierno federal, con Enrique Peña al frente, para que se diera un “convenio de transacción”; es decir, buscar que lo que era un supuesto “adeudo” al Estado de México, por la carretera Chamapa-Lechería, se convirtiera en los mil 600 millones de pesos que se colocaron en las cuentas del Saascaem.
Díaz aclaró que el gobierno mexiquense nunca tuvo convenio de cobro, sino el derecho a que, una vez concluida la concesión, el gobierno federal le podría otorgar al gobierno la concesión de la autopista, pero que nunca existió obligación de pagar nada a la administración estatal.
El tema – agregó – es que, en todas las carreteras, cuando el gobierno las rescata, se queda con toda la deuda frente a los bancos y constructores, y que cuando el Estado de México presiona al entonces presidente Felipe Calderón, le dice no te pago porque no te debo, te doy la concesión, pero te llevas la deuda.
Además, cuestiona lo que llamó “una especie de aclaración banquetera” del gobierno de Eruviel Ávila, que filtró “la ocurrencia de que estos dineros, que ya no se ven en los Saascaem, dice que son parte de pago que el gobierno federal tenía que realizar al Estado de México, como parte de su derecho de recuperación, como parte de 50 millones de pesos, para el rescate de la Chamapa-Lechería”.
De acuerdo con la cronología expuesta, en 1991 se otorga la concesión de la Chamapa-Lechería a un particular, que es cuando el gobierno federal firma un convenio de concertación con el del Estado de México por 50 millones de pesos, que es el origen de los mil 600 que dice Eruviel que debe pagarles el gobierno federal.
En 1997, ante la crisis del sector carretero, el gobierno rescata como 30 autopistas, incluida la Chamapa-Lechería. El rescate tenía un costo fiscal, delimitado, y se aprobó que la indemnización sería el monto de la deuda y las cuentas por pagar a los constructores, no más de eso.
En la carta enviada al secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, Díez aseveró que “suponiendo que los mil 600 millones de pesos hubieran sido pagados por el gobierno federal, al amparo del referido convenio de transacción, se trataría de dinero “sucio”, cuyo origen y destino se habría tratado de ocultar a través del Saascaem, utilizando al menos una institución del sistema financiero mexicano”.
“Aquí hay un tema muy grave y, como lo pongo en la carta, los mil 600 millones son dinero sucio y sirven para financiar la campaña de Alfredo del Mazo en el Estado de México”, sostuvo en entrevista con Carmen Aristegui.
“Ahora nos va a tener que explicar quién autorizó… ¿por qué no hay publicidad?, ¿por qué no se nos informa?”, preguntó al tiempo de insistir que el gobierno del Estado de México nunca tuvo un derecho de cobro.
“Hay una afectación grave… un grupo de servidores decidió sacar dinero de la hacienda pública para hacer el pago de una deuda que no existía, en perjuicio de todos los mexicanos”, puntualizó.