Edoméx cuna de la campaña negra en contra de AMLO  

OHL, empresa beneficiada con obras en el Estado de México y la cual se relaciona con casos de corrupción con los exgobernadores Arturo Montiel y Eruviel Ávila, el Partido Revolucionario Institucional y el propio Gobierno del Estado de México están relacionados con la campaña negra en contra de Andrés Manuel López Obrador, misma que se […]

OHL, empresa beneficiada con obras en el Estado de México y la cual se relaciona con casos de corrupción con los exgobernadores Arturo Montiel y Eruviel Ávila, el Partido Revolucionario Institucional y el propio Gobierno del Estado de México están relacionados con la campaña negra en contra de Andrés Manuel López Obrador, misma que se será denunciada ante la Fiscalía de Delitos Electorales y al Instituto Nacional Electoral.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó que en el caso específico de la producción del documental “El populismo en América” se identificaron a las  empresas Grupo TV Promo SA de CV y TV Promo SA de CV relacionadas como entidades partícipes de la  campaña negativa en contra del candidato presidencial de las cuales  Alejandro Jesús Quintero Iñiguez, junto a sus hermanos Germán Arturo, Carlos, David Alonso, María Elena y Adriana Guadalupe figuran como accionistas.

Este grupo también recibió recursos por parte de Bufete de Proyectos Información y Análisis SA de CV, empresa que estuvo relacionada, además, con el desvío de recursos de la Secretaría de Desarrollo Social en el periodo de 2012  a 2015 y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de 2015 a 2018.

Bufete de Proyectos Información y Análisis, –quien registra a Federico Barrueto y a Ariel Berrueto, relacionados al PRI, como accionistas–,   dio a Grupo TV Promo SA de CV casi 48 millones de pesos. También, se identificó que recibió de OHL 186 millones de pesos entre abril y julio de 2018 y dos millones 500 mil pesos de coordinación del  Programa de Apoyo a la Comunidad del Gobierno del Estado de México sin una aparente justificación.

Nieto afirmó que aunque las penas podrían ser de 5 a 15 años de prisión estos delitos no ameritan prisión preventiva oficiosa por lo que llevarían a cabo su proceso en libertad.