En el Estado de México operan alrededor de 450 gaseras con permisos vigentes de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), pero más de 500 funcionan sin autorización, lo que eleva el riesgo de accidentes graves, según empresarios del sector y autoridades de Protección Civil.
Los municipios con mayor concentración de ese tipo de establecimientos irregulares se encuentran en Ecatepec, Chalco, Chimalhuacán, Texcoco y Chicoloapan. Además de que representan una competencia desleal para las empresas certificadas, constituyen un peligro constante para la población.
Empresarios con plantas legales en la entidad denunciaron la expansión de sitios sin supervisión de autoridades locales, estatales y federales. En esos puntos detectaron prácticas de gaschicoleo, que es el robo de gas LP directamente de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) o de instalaciones formales, lo que provoca pérdidas millonarias cada año.

Los negocios irregulares superan en número a los autorizados. En muchos casos operan con la tolerancia de funcionarios que reciben entre 150 mil y 200 mil pesos mensuales a cambio de permitir su actividad, según denunciaron los representantes de las compañías certificadas.
Un empresario con planta en Ecatepec, que solicitó no revelar su identidad, explicó que las gaseras clandestinas violan la Norma Oficial Mexicana NOM-008-ASEA-2019. Esa disposición exige tanques con vida útil máxima de 10 años, válvulas en condiciones operativas y programas de protección civil.
Sus instalaciones suelen contar con equipo obsoleto y personal sin capacitación adecuada. Varias se ubican cerca de escuelas y viviendas, lo que contraviene la Ley de Protección Civil del Estado de México.

Las pipas de transporte, con capacidades de hasta 45 mil litros, agravan la situación. La NOM-010-ASEA-2016 obliga a llevar bitácoras de mantenimiento y revisiones anuales para detectar corrosión o fugas, pero muchas unidades superan los 10 años de antigüedad, presentan tanques desgastados, válvulas defectuosas y carecen de GPS o seguros actualizados.
Otro concesionario de Chalco señaló que estacionan pipas en la vía pública, contra las disposiciones de seguridad. Conductores sin formación adecuada rebasan los 70 kilómetros por hora en carreteras como la México-Puebla, lo que multiplica los riesgos en cada traslado.
El suministro a microbuses y combis se realiza con frecuencia en estaciones con certificados vencidos y operadores sin experiencia, según la NOM-004-ASEA-2017. La rotación constante de personal genera errores, como trasiegos en espacios cerrados donde el gas se acumula y puede detonar con cualquier chispa.
Un operador de una empresa en Santa Catarina Ayotzingo, Chalco, describió su unidad Isuzu con dos años de antigüedad y condiciones mecánicas adecuadas. Contrastó esa situación con pipas de otras compañías que acumulan más de 10 años y representan peligro para trabajadores, clientes y usuarios de las carreteras.

Industria peligrosa
La Coordinación General de Protección Civil del Estado de México, junto con dependencias de obra pública y desarrollo urbano, elabora diagnósticos a partir de atlas de riesgos municipales. Han diagnosticado a la industria gasera como un foco de alto riesgo. El Estado de México concentra el 14% de los accidentes carreteros relacionados con gas LP a nivel nacional, la proporción más alta del país.
La demanda anual de gas LP alcanza 8.6 millones de toneladas. El 63% de las pérdidas en distribución se atribuye a oxidación del combustible o procesos inadecuados. Los análisis de las autoridades advierten sobre corrosión en recipientes, tuberías y conexiones, así como la falta de recubrimientos anticorrosivos o protección catódica, requisitos establecidos en la NOM-001-SESH-2014.
Estas fallas incrementan el potencial de fugas y explosiones en zonas industriales densas y rutas de alto flujo vehicular que conectan el Valle de México con Puebla.

El 16 de febrero de 2025, un choque múltiple en la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 54 en Llano Grande, Ixtapaluca, provocó la muerte de seis personas y lesiones a cinco más. Participaron una pipa de gas, un tractocamión, una ambulancia y un automóvil particular.
Un distribuidor independiente que opera en la zona oriente del Valle de México denunció que sólo el 10% de las plantas ofrece capacitaciones a comisionistas. Las plantas tampoco facilitan el trámite de permisos ante la CRE.
Él cuenta con tres pipas con chasis de 2005 pero tanques y equipo instalados en 2020, adquiridos nuevos con factura. Otros compran equipo usado. La comisión por litro o kilogramo vendido ronda los 3.50 pesos, un margen que dificulta la renovación de unidades completas, cuyo costo oscila entre 800 mil y 1.3 millones de pesos.

Irregularidades y complicidades
En Ecatepec, el director de Protección Civil municipal, Jesús Clara, reconoció el legado de irregularidades de administraciones anteriores. Dictámenes apócrifos permitieron la instalación de más de 80 gaseras sin controles.
Las autoridades actuales suspendieron alrededor de 120 operaciones irregulares y clausuraron 45 en los últimos meses. Algunas estaban vinculadas a grupos delictivos que invadían predios y comercializaban gas robado de ductos de Pemex.
En un terreno localizado en la zona industrial de Xalostoc encontraron dos “salchichas” de gran capacidad donde almacenaban el carburante, aparentemente, obtenido de manera ilegal que luego vendían sin las medidas necesarias de seguridad.

El gobierno municipal pretende reducir el número de esos sitios mediante revisiones programadas y plazos para regularización.
En Nezahualcóyotl, que registra 44 gaseras autorizadas, el director de Protección Civil, Juan Carlos Barcenas, indicó que persisten omisiones recurrentes: certificados vencidos, dispositivos dañados y personal con alta rotación que genera mal uso del equipo.
Hace unas semanas, una pipa presentó fuga por equipo caduco en la avenida Tepozanes y requirió traslado a zona segura.

Explosiones constantes
El año pasado se registraron al menos siete accidentes graves en el Estado de México, provocados por fugas, explosiones, volcaduras de pipas o cilindros en mal estado, recargas irregulares y traslados inadecuados en Ecatepec, Tlalnepantla, Ixtapaluca, Naucalpan y Nezahualcóyotl.
El 14 de febrero del 2025, en Jardines de Morelos, Ecatepec, se presentó una explosión de un cilindro de 30 kilogramos con cuatro lesionados, dos de ellos menores; el 15 de febrero del mismo año, en Miguel Hidalgo, Ecatepec, se reportó un flamazo de una pipa de 12 mil litros durante el trasiego con cuatro heridos por quemaduras.
El 30 de abril en Lázaro Cárdenas, Tlalnepantla, se presentó una explosión de un tanque estacionario que dejó una persona muerta y tres lesionadas; y otros incidentes en Ixtapaluca, Naucalpan y Nezahualcóyotl con lesionados y daños materiales.
El Estado de México reportó un incremento en emergencias por gas LP entre 2024 y 2025, con al menos 15 explosiones de pipas en la zona metropolitana. Nezahualcóyotl atendió 992 fugas sólo entre enero y mayo de 2024, y la tendencia continuó en 2025.

En lo que va de 2026, los percances han persistido. La noche del 13 de enero, una pipa de gas LP explotó e incendió en la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 80, en los límites de Jilotepec, Estado de México, y Tepeji del Río, Hidalgo.
El siniestro provocó el cierre total de la vialidad en ambos sentidos y movilizó a cuerpos de emergencia, aunque no se reportaron víctimas fatales confirmadas.
El 20 de marzo, una explosión por acumulación de gas LP en una vivienda de la colonia La Magdalena Huizachitla, en Coacalco, derrumbó una casa y afectó al menos otras 10. El saldo fue de 12 personas lesionadas, varias de ellas con quemaduras y traumatismos que requirieron atención hospitalaria. La onda expansiva dañó vehículos y estructuras cercanas.
Este 25 de marzo se registró una explosión en una estación de gas LP en Chalco. Una fuga en una pipa provocó el estallido, dejó una persona herida y causó daños estructurales en cuatro locales adyacentes.
Las autoridades mantienen operativos de verificación y clausura, pero empresarios y funcionarios coinciden en que el número de instalaciones irregulares y el mal estado de equipo y pipas mantienen un riesgo elevado en la distribución y uso del gas LP.


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