En el Estado de México existe la posibilidad de modificar la fecha de la elección judicial de 2027. Es un planteamiento que han hecho diputados para el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso mexiquense, Francisco Vázquez Rodríguez, señaló que se analiza un “plan B”, ya que realizarla el mismo día que la elección constitucional, donde se elegirían diputaciones y ayuntamientos, podría generar contradicciones y complicaciones logísticas.
El legislador explicó que uno de los principales problemas es que, aunque se trate de procesos distintos, se instalarían casillas en los mismos espacios, lo que contravendría la regla de que los partidos políticos no participen en la elección judicial.
“Creemos que no se puede, sería una contradicción que el mismo día donde está prohibida la participación de partidos en la elección judicial, coincidan ambos ejercicios, aunque sean con casillas diferentes”, indicó.
Ven viable cambio de fecha en este sentido, consideró que mover la elección permitiría garantizar que el proceso judicial sea totalmente independiente y autónomo, aunque aclaró que, de no concretarse el ajuste, el Estado de México está preparado para cumplir con la organización.
No obstante, reconoció que el escenario implicaría una mayor complejidad operativa, ya que sería necesario instalar casillas diferenciadas para cada tipo de elección.
IEEM
Responsable de la operación por su parte, el presidente del Poder Judicial estatal, Héctor Macedo, señaló que la organización del proceso corresponde al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), mientras que su función se limitará a entregar la lista de vacantes.
Detalló que ya se solicitó dicha información y que el Poder Judicial se mantiene en preparación para el proceso. Se elegirían más de 400 cargos para la elección judicial de 2027, se prevé la renovación de aproximadamente 450 cargos judiciales:
- 30 magistraturas
- 420 juezas y jueces
Piden revisar reglas de campaña
Héctor Macedo consideró necesario revisar las reglas de promoción para las candidaturas judiciales, a fin de no queden limitadas, principalmente, a redes sociales.
Desde su punto de vista, los aspirantes requerirían que el Instituto Nacional Electoral (INE) autorice, dentro de las reglas operativas, la posibilidad de pautar promoción para ampliar su alcance, ya que en la elección pasada enfrentaron condiciones desiguales al ser fiscalizados como partidos políticos, sin contar con su estructura, recursos ni capacitación.
“Es un área de oportunidad que deberá analizar la Legislatura”, concluyó.
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