Por mayoría de votos, la 62 Legislatura de la Cámara de Diputados del Estado de México (Edomex) aprobó la minuta que reforma los artículos 105 y 107 de la Constitución en materia de inimpugnabilidad.
Esta iniciativa establece que las adiciones o reformas a la Constitución Federal no podrán ser impugnadas, lo que limita los recursos judiciales contra cambios constitucionales.
Postura a favor
Octavio Martínez Vargas, de Morena, defendió la reforma como una actualización necesaria que eleva a rango constitucional lo aprobado en 2013 sobre la ley de amparo. Argumentó que la medida es congruente con la política nacional para renovar el Poder Judicial y fortalecer la justicia, considerando la reforma como un beneficio para la entidad y el país.
Voces en contra
Diputados de la oposición como Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), señalaron que la aprobación de esta reforma se hizo de manera precipitada y “a ciegas”, con el objetivo de restringir la posibilidad de oposición a reformas constitucionales.
Ortega denunció que la reforma elimina el derecho de amparo ante reformas constitucionales, comprometiendo la facultad de defensa de los ciudadanos y debilitando la división de poderes.
Por su parte, Juan Zepeda Hernández, de Movimiento Ciudadano (MC), destacó que la reforma afecta la democracia al impedir acciones de amparo, dejándola en manos de futuros gobiernos sin posibilidad de revisión. A su juicio, esto representa un grave riesgo para los derechos y equilibrios democráticos.
Joanna Alejandra Felipe Torres, del Partido Acción Nacional (PAN), calificó la reforma como un acto de “venganza” contra el Poder Judicial, con el fin de silenciar voces disidentes y restringir derechos humanos, eliminando mecanismos de defensa para la ciudadanía ante decisiones gubernamentales potencialmente perjudiciales.
Elias Rescala Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sostuvo que esta reforma confiere poder absoluto a un poder sobre otro, atentando contra los derechos fundamentales de los mexicanos. En su intervención, resaltó que esta medida representa una amenaza para el equilibrio entre los poderes y desconoce principios internacionales de derechos humanos.
Este cambio constitucional ha generado un debate profundo entre legisladores, exponiendo la tensión entre el deseo de fortalecer el poder legislativo y las preocupaciones por la pérdida de contrapesos en el sistema democrático.
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