Estados Unidos (EE. UU.) es el principal consumidor de drogas ilícitas del mundo. Según el World Drug Report 2024 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), este país destaca por tener las tasas más altas de consumo per cápita de cocaína y opioides, así como una alta prevalencia de cannabis. El informe señala que América del Norte, liderada por EE. UU., representa una proporción significativa del consumo global de estas sustancias, con un aumento constante en el uso de opioides sintéticos, como el fentanilo, cuya epidemia ha causado, en promedio, más de 100,000 muertes anuales por sobredosis en el último lustro.
Este panorama no es reciente: el problema lleva al menos seis décadas creciendo sin freno en aquellas tierras. En los años 60 y 70, el consumo se centraba en marihuana y heroína. En los 80, la cocaína y el crack irrumpieron con fuerza. Para los 90, las metanfetaminas complicaron aún más el escenario. En el siglo XXI, la crisis de opioides se agravó con el auge del fentanilo. Las muertes por sobredosis pasaron de 38,329 en 2010 a 107,941 en 2022, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Estas drogas no se reemplazan entre sí; se acumulan, diversificando y perpetuando el problema.
El World Drug Report 2024 indica que 70.3 millones de estadounidenses (24.9% de la población mayor de 12 años) consumieron drogas ilícitas en el último año, siendo la marihuana la más común, seguida por opioides, anfetaminas y cocaína. Este consumo masivo tiene consecuencias devastadoras: entre 2011 y 2021, más de 321,000 niños perdieron a un padre por sobredosis, según estimaciones oficiales.
Las cifras revelan un problema social, de salud y de convivencia profundamente arraigado en EE. UU. No es normal que uno de cada cuatro habitantes mayores de 12 años consuma drogas ilícitas. Más bien apunta a una profunda crisis en sus condiciones de vida. Que esta tendencia se haya mantenido al alza durante décadas indica que el problema no se ha abordado de manera efectiva. Si se hubieran implementado medidas exitosas para reducir el consumo, las cifras serían distintas.
Recordemos que, en 1971, el presidente Richard Nixon declaró el abuso de drogas como el “enemigo público número uno”, lanzando la “Guerra contra las Drogas”. En ese contexto, se creó la Drug Enforcement Administration (DEA) para combatir el tráfico y el consumo de drogas, con un presupuesto inicial de 75 millones de dólares y 1,470 agentes. Hoy, la DEA cuenta con casi 5,000 agentes y un presupuesto anual de 3,700 millones de dólares (según su solicitud para 2024). Sin embargo, su eficacia es cuestionable: el consumo no ha disminuido, y la oferta de drogas se ha diversificado ampliamente.
Un mercado tan vasto no carece de oferentes. Las drogas llegan a EE. UU. desde todas direcciones: norte, sur, costas, por vía terrestre, aérea y marítima. El tamaño del mercado ilícito se estima en unos 150 mil millones de dólares anuales, según un informe de RAND de 2019. Gran parte de ese dinero permanece en la economía estadounidense, en manos de intermediarios que distribuyen las sustancias por todo el territorio. Solo una fracción, mucho menor, llega a los proveedores mayoristas, ubicados en diversos países, incluido México.
El actual presidente de EE. UU., Donald Trump, ha utilizado la lucha contra “los cárteles” como un instrumento para ganar legitimidad, justificar políticas económicas y alimentar una narrativa que le otorgue ventajas geopolíticas. Un ejemplo reciente es el ataque a una pequeña embarcación en aguas del Caribe, donde murieron once personas. La acción se justificó alegando que eran “narcoterroristas” dispuestos a traficar droga hacia EE. UU., aunque no hay evidencia técnica que sustente esta narrativa. Lo relevante, sin embargo, fueron las declaraciones posteriores. El secretario de Estado, Marco Rubio, durante una visita a Ecuador, respondió a un reportero sobre la posibilidad de más acciones similares: “No creo que tengamos que seguirlo haciendo, pues nuestros países aliados lo harán por nosotros”. Añadió un matiz, diferenciando entre países aliados y no aliados. En los primeros, EE. UU. no realizaría acciones militares contra “narcoterroristas”; en los segundos, se reserva el derecho de atacar militarmente.
Esto implica, sin ambigüedades, que EE. UU. mantiene una guerra y busca involucrar a otras naciones en ella. México ha tenido históricamente un papel colaboracionista en este marco bélico. Durante unos 50 años, agentes de la DEA han operado en nuestro país, algunos incluso han sido atacados o asesinados. Desde los gobiernos de López Portillo hasta Peña Nieto, su presencia fue tolerada e incluso celebrada. Con López Obrador se impusieron ciertas restricciones, pero México sigue participando en esta guerra.
Con diferentes intensidades, nuestro país ha sido un campo de batalla, con miles de muertos, encarcelados y desaparecidos como saldo. La Guerra contra las Drogas no ha dado resultados en el pasado, y es poco probable que lo haga ahora. Si el objetivo fuera erradicar el problema, los datos mostrarían una disminución en el consumo, pero este no ha dejado de crecer y complejizarse. Esto lleva a plantear otra hipótesis: esta guerra no busca aniquilar al enemigo, sino debilitarlo hasta someterlo a los intereses de la DEA o del gobierno estadounidense.
Los pedidos de droga provienen de EE. UU.; los distribuidores finales están allí; el dinero se gasta y permanece mayormente en ese país. Sin embargo, las acciones bélicas se libran en nuestros territorios. Aquí se despliega al ejército para combatir a los grupos que trafican drogas; aquí se les enfrenta, detiene y encarcela; aquí llegan las armas para sostener estas batallas. Hemos adoptado esta guerra como propia porque nuestro vecino, al que exportamos la mayor parte de nuestros productos (legales o ilegales), nos ha arrastrado a ella. Hace apenas unos días, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con Marco Rubio y reafirmó la alianza de México en esta cruzada. Con ello, nos hemos posicionado como un país “aliado” de EE. UU., lo que implica que, aunque no emprenderán acciones bélicas en nuestro territorio, nos han encomendado librarlas nosotros. Así es, y punto.
Síguenos