El domingo 26 de abril, el auditorio ejidal del Barrio Santa Cruz en Tepotzotlán fue escenario de un ataque armado que dejó dos jóvenes muertos. Lo que comenzó como una convivencia vecinal tras la tradicional cabalgata en honor al Señor de la Cruz, derivó en un doble homicidio. Hoy, testimonios de pobladores y testigos presenciales apuntan hacia un solo hombre como el presunto tirador: Dámaso Manolo Reyes Vázquez, presunto empleado del Ayuntamiento y operador vinculado a la estructura de Movimiento Ciudadano en la región.
El ataque en el auditorio ejidal
De acuerdo con los relatos de vecinos que asistieron al evento, la agresión ocurrió en la fase final de la celebración. Tras una riña a golpes en un terreno aledaño, un sujeto armado abrió fuego contra dos jóvenes residentes del mismo barrio.
Las versiones de los testigos en el lugar coinciden en un detalle de la escena: tras los primeros disparos, el agresor se aproximó a una de las víctimas, que ya se encontraba en el suelo, para darle el «tiro de gracia». Posteriormente, el tirador abandonó la zona con la presunta asistencia de cómplices, sin que los elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal —desplegados para resguardar la cabalgata— lograran su detención.
El presunto nexo con el poder municipal
La identidad del presunto agresor circuló de inmediato entre los habitantes de Santa Cruz. Múltiples señalamientos públicos de los pobladores y páginas locales del propio barrio identifican a Dámaso Manolo Reyes Vázquez, presuntamente adscrito al actual gobierno municipal.
Los testimonios recabados en la escena indican que, tras el ataque, el sujeto habría mencionado su cercanía con la cúpula política local. Según los presentes, gritó: “Yo soy amigo de Andrés Rodríguez y no me harán nada”. Rodríguez es identificado en la región como un operador político clave de la familia Zuppa, dinastía que controla el ayuntamiento bajo las siglas de Movimiento Ciudadano.
Vecinos y medios locales sostienen que el presunto implicado ha fungido como parte del equipo de seguridad de la actual alcaldesa, María de los Ángeles «Gely» Zuppa Villegas, durante sus campañas electorales.
Un expediente previo sin sanciones
El historial de Reyes Vázquez como servidor público ya contaba con registros de violencia. En 2017, durante su gestión como inspector de comercio en Tepotzotlán, fue exhibido fotográficamente por golpear a un vendedor de rosas frente a una gasolinera en Santa Cruz, sumado a presuntos actos de extorsión contra comerciantes ambulantes.
A pesar de las exigencias formales para su destitución presentadas ante la Contraloría Municipal en aquel entonces, el funcionario se mantuvo en la nómina. Para los pobladores que hoy denuncian el doble homicidio, este antecedente documental demuestra un esquema de protección institucional que le permitió operar durante casi una década.
La versión oficial y el choque de narrativas
Ante la presión pública, la tarde de este lunes el Ayuntamiento de Tepotzotlán emitió un pronunciamiento oficial donde rechaza las acusaciones vecinales. A través de sus canales institucionales, la administración de Gely Zuppa aseguró que «es totalmente falso» que el presunto responsable del doble homicidio sea colaborador de la actual administración.
En el mismo comunicado, el gobierno municipal reiteró que la cabalgata concluyó con «saldo blanco» gracias al operativo de Seguridad Pública Municipal, y catalogó el ataque armado como un «enfrentamiento entre particulares» ocurrido horas después de terminado el evento. A la par, la alcaldía etiquetó como «falsa» la información difundida por las páginas locales que vinculan al agresor con el gobierno y exigió a la población «no dejarse engañar».
Reclamos ciudadanos por opacidad y contingencia
El deslinde oficial provocó una reacción inmediata de los habitantes en las propias redes del Ayuntamiento. En la sección de comentarios, usuarios exigieron transparencia y desestimaron la versión del «saldo blanco», asegurando que existen decenas de testigos, fotografías y videos de los hechos que contradicen la postura gubernamental.
Sumado a la exigencia de justicia, los pobladores cuestionaron la realización del evento. Vecinos recordaron que durante el domingo, la Zona Metropolitana del Valle de México se encontraba bajo la Fase 1 de Contingencia Ambiental, protocolo que exige a los gobiernos locales suspender cualquier actividad pública al aire libre, directriz que fue ignorada por la autoridad municipal.
Actualmente, autoridades estatales mantienen abierta la investigación por homicidio doloso. El agresor sigue prófugo y el Ayuntamiento ha prometido colaborar en el deslinde de responsabilidades, mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ya ha lanzado una orden de aprehensión en su contra.
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