El caso de mujeres abusadas de Atenco va a la Corte Interamericana

El caso de violaciones a los derechos humanos cometidas contra mujeres durante los operativos policíacos en San Salvador Atenco, Estado de México, los días 3 y 4 de mayo de 2006, durante la administración del entonces gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto, fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La existencia de graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia sexual en contra de 11 mujeres, y de violación sexual de 7 fue acreditada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo responsable de la presentación del caso ante la Corte. “La Comisión estableció que
septiembre 28, 2016

El caso de violaciones a los derechos humanos cometidas contra mujeres durante los operativos policíacos en San Salvador Atenco, Estado de México, los días 3 y 4 de mayo de 2006, durante la administración del entonces gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto, fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La existencia de graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia sexual en contra de 11 mujeres, y de violación sexual de 7 fue acreditada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo responsable de la presentación del caso ante la Corte.

“La Comisión estableció que la detención de las once mujeres los días 3 y 4 de mayo de 2006 fue ilegal, arbitraria y sin ser informadas sobre las razones de su detención, ni sobre los cargos respectivos. Asimismo, la Comisión determinó que las once mujeres acudieron a rendir su primera declaración sin contar con información mínima ni defensa técnica”, dijo el organismo en un comunicado.

“La CIDH consideró acreditado que estos actos fueron cometidos por agentes estatales, calificó estos hechos como tortura y determinó que las once mujeres fueron víctima de diversas formas de tortura física, psicológica y sexual en el marco de su detención, traslados y llegada al centro de detención”, detalló.

De acuerdo con lo establecido por el organismo, el Estado mexicano incumplió con su obligación de investigar los hechos con la debida diligencia y en un plazo razonable, asimismo, determinó que hubo afectaciones a la integridad psíquica y moral en perjuicio de los familiares de las víctimas.

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