El alcalde panista de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas, inició una demanda conttra Leylany Richard, la principal voz crítica de su administración dentro del Cabildo. De esta manera trasladó tribunales la confrontación política que sostiene desde hace meses con la síndica de Morena.
El presidente municipal promueve un juicio para la protección de sus derechos político-electorales ante el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), al considerar que las declaraciones y señalamientos de la síndica constituyen violencia política en su contra. La acción representa un nuevo capítulo en uno de los enfrentamientos políticos más intensos que vive actualmente un ayuntamiento mexiquense.
La confrontación se alimenta de una serie de denuncias públicas impulsadas por la síndica morenista, quien durante los últimos meses cuestiona el manejo de recursos públicos, la transparencia financiera y diversas decisiones de la administración panista.
Entre los señalamientos más relevantes figura el presunto manejo irregular de 240 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). Richard sostiene que el gobierno municipal no ha explicado con claridad el destino de esos recursos y presenta denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Anticorrupción del Estado de México para que los hechos sean investigados. Hasta el momento, dichas denuncias continúan su curso y no existe una resolución judicial definitiva que determine responsabilidades.
La síndica también denuncia presuntas irregularidades en la administración municipal relacionadas con el ejercicio del gasto público y, durante sesiones de Cabildo, realiza señalamientos sobre posibles vínculos de funcionarios con grupos delictivos. Esas afirmaciones son rechazadas por el alcalde y, hasta ahora, no han derivado en resoluciones judiciales que las acrediten.
A la disputa política se suma el contexto de fiscalización. La Auditoría Superior de la Federación detecta observaciones en el ejercicio de recursos federales del FORTAMUN correspondientes a la Cuenta Pública 2023 y determina un probable daño a la Hacienda Pública por más de 36 millones de pesos, derivado de diversas inconsistencias administrativas que deberán aclararse conforme a los procedimientos legales. Asimismo, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) formula observaciones a la administración municipal, entre ellas un subejercicio superior a 35 millones de pesos y diversas inconsistencias en proyectos y procedimientos administrativos.
La confrontación alcanza además a otros integrantes del gobierno municipal. En febrero de este año, Leylany Richard hace pública una denuncia presentada contra el tesorero municipal, José Ortega Ríos, por la presunta solicitud de 1.1 millones de pesos para liberar un trámite administrativo. Ese expediente también permanece bajo investigación y sin resolución definitiva.
Frente a este escenario, Pedro Rodríguez decide responder por la vía judicial. Durante una sesión de Cabildo anuncia que deja de guardar silencio y que defenderá su reputación mediante los mecanismos legales previstos en la legislación electoral.
El conflicto entre ambos funcionarios deja de desarrollarse exclusivamente en el Cabildo y entra ahora en una nueva etapa. Mientras el Tribunal Electoral deberá resolver si las expresiones denunciadas constituyen violencia política contra el alcalde, las investigaciones relacionadas con el manejo de recursos públicos continúan abiertas en las instancias fiscalizadoras y ministeriales competentes.
La disputa entre el gobierno panista y la síndica de Morena trasciende así el intercambio político. Se convierte en un caso que pone a prueba los límites entre la crítica institucional, la obligación de fiscalizar el ejercicio del poder y el derecho de los servidores públicos a defenderse por la vía legal.
Síguenos