Ya en otras ocasiones, queridos lectores, hemos manifestado que como parte del cambio de sistema de justicia urge reformar y renovar el Sistema Penitenciario, en gran parte porque no cumple con los fines para lo que fue creado. La problemática general la conocemos todos, sobrepoblación, abuso del derecho penal, pobreza, autogobierno, violaciones constantes de derechos humanos, corrupción, etc.
Desgraciadamente, las fallas del Sistema Penitenciario se evidenciaron de nueva cuenta cuando ocurrió el motín en el penal de Topo Chico, Monterrey, Nuevo León; que arrojó un saldo total de 49 reos fallecidos y 11 lesionados. Este penal excedía alrededor de un 24 por ciento de su capacidad, es decir, había sobrepoblación, aunque no como en otras cárceles; sin embargo no podemos minimizar la responsabilidad que debe deslindarse a las autoridades que fueron omisas en mejorar las condiciones de este lugar, y de prever el daño causado, pues no podemos menospreciar a las personas que fallecieron solo por ser internos de una cárcel.
Se requiere una reforma profunda, donde se establezcan controles claros de las autoridades, así como la rendición de cuentas y transparencia en sus funciones; el acatamiento de normas claras por parte de los reos; el respeto a los derechos humanos; separación de internos, es decir, una reforma humanista que mejore no solo las condiciones de reclusión de las personas internas, sino la recuperación del control de las normas por parte de la autoridad. Recordemos también que existe una iniciativa de Ley Nacional de Ejecución de Penas, que está pendiente y que se ha discutido por académicos, sociedad civil, y autoridades, donde ya hay un anteproyecto frenado principalmente por la autoridad penitenciaria desde el mes de diciembre del 2014 por dos principales razones: la primera de ellas, la rendición de cuentas clara de la autoridad penitenciaria, y la segunda es destinar recursos necesarios para lograr que se mejore el sistema penitenciario. Esperemos que se retome de nueva cuenta su discusión y aprobación para que se eviten tragedias como la que ocurrió en Nuevo León, donde, incluso organismos internacionales como la ONU, han solicitado al Gobierno Mexicano se indemnice a las víctimas del motín ocurrido en Topo Chico.
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