Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados existen dos propuestas para dar respaldo legal y normalizar la actuación militar en labores de seguridad pública; ambas iniciativas de ley proponen generar un marco jurídico de “seguridad interior” y fueron presentadas en septiembre y noviembre de este año, una por parte el senador del PAN, Roberto Gil Zuarth y la otra del diputado priísta, César Camacho Quiróz.
En ambas propuestas se detalla el proceso a seguir para que las fuerzas armadas realicen tareas civiles de seguridad como: recibir denuncias, hacer detenciones, realizar cateos, aseguramientos, hacer entrevistas a testigos o tomar declaraciones, y también incluyen la posibilidad de intervenir comunicaciones o extraer datos de dispositivos móviles para realizar investigaciones.
Ambas iniciativas mencionan que el Presidente podrá emitir en cualquier momento mediante un decreto que los militares inicien “acciones para salvaguardar la seguridad interior”.
Por otra parte, el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío, ha sostenido que el ejército no está para cumplir funciones de seguridad pública; recordemos que estamos en tiempo de paz y mientras que no exista una declaración establecida de guerra, los militares no pueden realizar más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar dentro de los espacios a qué se refiere el artículo 129 Constitucional, es decir, en los fuertes, cuarteles, comandancias y demás establecimientos que les permitan este asentamiento, por lo tanto, la presencia del ejército en las calles es anticonstitucional.
De igual manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha subrayado de forma constante que es indispensable la separación clara y precisa entre la seguridad interior, como función de la policía y la defensa Nacional como función de las Fuerzas Armadas.
Por último, diversas organizaciones ciudadanas y defensoras de los derechos humanos, les han pedido a los legisladores federales que no aprueben de forma apresurada las leyes que hagan permanente la presencia del ejército en las calles para cumplir con las labores de seguridad pública.
Lo cierto es que a diez años de haber involucrado a las fuerzas armadas en labores de “apoyo” a la seguridad pública, no se han cumplido los objetivos temporales, entre ellos el profesionalizar a los cuerpos policíacos y su fortalecimiento, por el contrario las consecuencias son palpables en todo momento, pues durante la participación de los elementos castrenses se han realizado violaciones constantes a los derechos humanos, tortura, abuso sexual, entre otros. Ambas iniciativas de ley pretenden darles funciones que no son propias de la naturaleza para la que fueron creadas, y ello generaría que las violaciones se agudizaran, pero lo más grave es que lejos de ser una gran solución se convertiría en un enorme problema que se ha dado ya en otros países de América Latina.
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