Las estadísticas gubernamentales del Estado de México reportan reducciones en los delitos de alto impacto para el periodo 2024-2026. Sin embargo, el cruce de carpetas de investigación, datos oficiales y reportes ciudadanos trazan una geografía distinta en las calles de Naucalpan y Tlalnepantla de Baz: focos rojos inamovibles, crisis de recolección de residuos y corporaciones de seguridad señaladas por operar esquemas de extorsión.
El mapa delictivo en Naucalpan
En 2024 Naucalpan alcanzó un pico de 112 homicidios dolosos y una percepción de inseguridad del 89.6%. Para el primer trimestre de 2025, el municipio descendió del segundo al duodécimo lugar nacional en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, al reportar una caída del 35.8% en delitos de alto impacto (1,920 menos que el año previo). Febrero de 2026 cerró con una reducción oficial del 77.1% respecto al mismo mes del año anterior.
Pese a los indicadores oficiales, de acuerdo a la ENSU de marzo de 2026, el 79.5% de los habitantes reportó sentirse inseguro. La incidencia de robos, homicidios y narcomenudeo se concentra en nueve zonas que mantienen el estatus de prioritarias desde 2023: Colinas de San Mateo, Benito Juárez, San Rafael Chamapa (primera sección), Santa Cruz Acatlán, San Lorenzo Totolinga, Altamira, San José de los Leones, Plan de Ayala y San José Río Hondo.
Tlalnepantla: Las zonas críticas
De acuerdo con el C-5 de la Comisión Estatal de Seguridad, Tlalnepantla mantiene cinco colonias entre las 23 más peligrosas de la entidad: Benito Juárez, San Rafael, San Juan Ixhuatepec (La Presa), Viveros del Valle y Valle Ceylán. En la colonia Lázaro Cárdenas, las denuncias abiertas documentan el cobro de piso a comerciantes por parte de la denominada «banda de los discos» y el robo de vehículos de forma sostenida.
A nivel municipal, en febrero de 2025 se reportó una disminución del 15% en delitos de alto valor y del 14% en robo de vehículos, permitiendo su salida temporal del top 10 nacional de percepción de inseguridad, cifra que contrasta con el sentir de los habitantes quienes lo siguen percibiendo como uno de los delitos que más afectan la zona.
Abandono de espacios públicos
El deterioro de la infraestructura urbana corre en paralelo a la violencia y afecta las dinámicas de seguridad. En Naucalpan, la colonia Alce Blanco acumula quejas por calles sin pavimentar y bardas de contención colapsadas. En las zonas limítrofes con las alcaldías Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, así como en barrancas de Tepatlaxco y Chimalpa, se documentó el abandono de al menos cinco cuerpos entre finales de 2025 y principios de 2026, específicamente en calles de Lomalinda, Orquídea y Ahuizotla.
En Tlalnepantla, un predio en la calle Francisco I. Madero de San Lucas Patoni operó como basurero durante 20 años hasta el retiro de dos toneladas de residuos en 2025. En mayo de 2026, las jornadas de limpieza en Periférico Norte y Boulevard Manuel Ávila Camacho retiraron 40 toneladas de basura. Días después, el 12 y 13 de mayo, residentes reportaron inundaciones severas agravadas por la acumulación de desechos tirados desde vehículos en tránsito y arrojados a los ríos locales.
La policía como factor de riesgo
La extorsión policial es la constante en los reportes ciudadanos de ambos municipios hasta mayo de 2026. En Naucalpan, la «Operación Enjambre» ejecutada en 2025 evidenció a antiguos mandos vinculados a la delincuencia, lo que derivó en sentencias de 25 y 40 años de prisión. Ese mismo año, 140 elementos fueron dados de baja y 110 continuaban bajo investigación penal o administrativa en enero de 2026.
A pesar de la reestructuración del gobierno municipal hacia una «Policía Ética», habitantes de la colonia Ahuizotla reportan retenes ilegales donde supuestos elementos ministeriales a bordo de vehículos sin balizar (Charger y Jetta en colores blanco y negro, RAM blanca y gris, y MG blanco) retienen motocicletas, exigen teléfonos celulares e incurren en privaciones de la libertad con fines de extorsión. Estos incidentes han causado una profunda desconfianza en las corporaciones policíacas, pasando de ser protectores a un riesgo.
La dinámica se replica en Tlalnepantla. El 15 de mayo de 2026, ciudadanos documentaron a elementos municipales exigiendo 18 mil pesos a una familia proveniente de Jalisco. La amenaza para obligar el pago fue remitir el vehículo al corralón bajo el pretexto de portar placas foráneas. Las denuncias documentan detenciones arbitrarias, desvalijamiento de autos y revisiones ilegales que operan, según los testimonios, ante la colusión o el abandono de las autoridades responsables del patrullaje.
Los datos que frecuentemente dan los municipios de Naucalpan y Tlalnepantla, indicando la baja de delitos, choca de frente contra la realidad de miles de habitantes de estos municipios que salen a la calle con miedo ante los delitos que se siguen presentando y condicionan su vida cotidiana.
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