Toluca, México; 4 de diciembre de 2018. Un grupo de transportistas del Valle de Toluca se reunieron frente al Palacio Legislativo para respaldar la propuesta de la bancada del Partido del Trabajo en materia de movilidad.
La iniciativa, presentada por el diputado Javier González Zepeda, contempla una reforma al Código Administrativo del Estado de México para cambiar la manera en que se otorgan las concesiones a los transportistas, puesto que el gobierno mexiquense no tiene control sobre las concesiones y desconoce quiénes son los titulares de las mismas.
En ese sentido, González Zepeda aseguró que la mala administración de los permisos para operar unidades de servicio público fomenta la competencia irregular e inhibe la inversión que requiere el sector para modernizar el parque vehicular. A decir del legislador, el trámite de las concesiones es engorroso y altamente costoso, lo que ocasiona que algunas estén vencidas y sean operadas por particulares, lo que implica que la autoridad del transporte no los pueda sancionar.
En este sentido, urgió al Estado de México a recopilar la información para tener el control, ya que “inhibir el pago de tales derechos no afectará al erario público y, en cambio, impulsará la regularización de las concesiones, tanto respecto del titular que las opera como de la vigencia de las mismas, retomando el estado así el control de las concesiones del servicio público de transporte”.
Tras bloquear las avenidas principales del centro de Toluca, los operadores de taxis exigieron al Secretario de Movilidad, Raymundo Martínez Carbajal, retirar las unidades de trasporte ejecutivo como DiDi y Uber, ya que consideraron ejercen una “competencia desleal que no pagan impuestos”.
Los operadores argumentaron que no se oponen a instalar en sus unidades el botón de pánico, cámara de video vigilancia y el localizador que propone la Gaceta emitida el 20 marzo, lo que buscan es que el gobierno no sea el encargado de elegir las empresas y financiarlos, ya que por su cuenta obtendrían un mejor costo: “el estado debe garantizar la seguridad del usuario no la empresa” sentenciaron los transportistas.
Síguenos