Hace exactamente dos meses, cuando apenas iniciaban las campañas electorales para la renovación de la Gubernatura estatal, escribí en este mismo espacio que no me cabía la menor duda de que el resultado del 4 de junio no sería democrático. La reflexión que hacía en aquel momento era que, ganara quien ganara, la mayoría de las personas no se sentirían representadas, lideradas o tomadas en cuenta por quien resultara ganador.
Desde esa fecha adelantaba yo (lo cual no era difícil de deducir) que quien fuera declarado vencedor en la contienda sería con una votación que ni siquiera alcanzara el 40% del total de votos. Igualmente advertimos desde entonces que sin duda tendríamos un candidato(a) ganador con una legitimidad muy cuestionable ¿por qué? pues porque será alguien por quien la mayoría de lectores (potenciales y reales) no votó.
Bien, pues ya han pasado los comicios y los resultados fueron mucho más graves de lo que se atisbaba, pues el candidato declarado ganador por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) apenas y rebasa el 33% de la votación, pero como la participación ciudadana el día de los comicios fue de 52% aproximadamente, en números redondos fue electo por menos de 2 de cada diez mexiquenses en edad de votar. Por si esto fuera poco, la nada cuidadosa labor de los consejeros del IEEM no consiguió dar ninguna certeza sobre los resultados y más bien consiguió que floreciera la sospecha de que el resultado no refleja la voluntad del electorado.
En los medios de comunicación, en las redes sociales, en la mesa de los restaurantes, en los centros de trabajo, en casi todas partes no se habla sino de la serie de anomalías que marcaron este proceso electoral. Así, la suma de esta sensación de algo que apesta por todas partes y del magro número de votos que respaldan a quien ha sido declarado ganador, le implican un rotundo problema de legitimidad.
Por definición la legitimidad sólo puede emanar del apego a los principios esenciales de algo. Una causa legítima, un interés legítimo, un heredero legítimo o la legítima defensa pueden serlo únicamente en la medida que corresponden a lo que una norma biológica, social, jurídica o política prescribe. En el caso de un gobernante, su legitimidad sólo puede provenir del consentimiento de sus gobernados, no de la fuerza, de la coacción, del engaño, de la imposición o del fraude.
La primera gran ilegitimidad de quien termine siendo nombrado gobernador electo proviene de que la mayoría de los ciudadanos no lo eligió, lo cual le convierte en representante de una minoría que toma todo y una mayoría que siente que ha salido perdiendo, lo cual es absolutamente opuesto a los principios esenciales de la democracia. La segunda gran fuente de ilegitimidad proviene de que el sistema de partidos políticos del que surge como autoridad electa ya es rechazado por la mayoría de la gente; el abstencionismo, los votos nulos y el avasallante voto anti-oficial es prueba de ello. La tercera fuente de ilegitimidad emana del estilo político que el PRI representa y que consiste en engañar, defraudar, mentir, incumplir y acallar la disidencia.
Tal vez la legitimidad no preocupe a quien tiene de su lado la legalidad, porque servirse de un aparato normativo-institucional diseñado a la medida de la impunidad, de la corrupción, de la complicidad, del clientelismo, de la opacidad y de la discrecionalidad en el manejo del dinero público suele bastarles. Pero quien quiera engañarse pensando en que "la mayoría" ciudadana decidió, en que hay que aceptar el resultado, "haiga sido como haiga sido", no debe perder de vista que la autoridad que no está construida sobre la legitimidad deviene en pesadilla. Al tiempo.
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