El comedor y los dormitorios volvieron al centro de la vida política de Chapingo. El 27 de octubre, estudiantes recorrieron los departamentos y la Preparatoria Agrícola para rechazar la continuidad del rector Ángel Garduño García y exigir mejoras en alimentación, atención médica y servicios para las sedes regionales. Tres días después, el investigador Manrrubio Muñoz Rodríguez anunció que se retiraba de la contienda por la Rectoría: consideró que no había condiciones equitativas para presentar y discutir los proyectos de universidad.
Los dos episodios acercaron la sucesión a una pregunta que acompaña a Chapingo desde su origen: qué necesita un joven del campo para convertirse en universitario. Conseguir un lugar es apenas una parte. Después hay que vivir lejos de casa, alimentarse, estudiar y sostener ese esfuerzo durante años. Las becas, el internado y el comedor forman parte de la respuesta que la institución construyó para quienes no podían pagar por sí mismos una carrera.
En los muros de su antigua capilla, Diego Rivera representó la lucha agraria y la dignidad campesina. Esa historia también puede leerse en documentos menos célebres: las estadísticas de matrícula, las reglas del internado, las cuentas de la universidad. Allí aparecen los alcances y las dificultades de una promesa educativa que, en vísperas de la elección, vuelve a discutirse desde la experiencia cotidiana de los estudiantes.
Chapingo registró en 2018 a 10 mil 462 alumnos. De ellos, 9 mil 318 tenían alguna modalidad de beca y mil 144 figuraban como externos. En septiembre de 2024 había 9 mil 696 estudiantes y 7 mil 809 becados. En esos seis años, el número de beneficiarios disminuyó 16.2%, mientras el de externos aumentó 64.9%. La cobertura pasó de aproximadamente 89% de la matrícula a 80.5%.
El corte de septiembre de 2025 muestra una recuperación: 10 mil 59 alumnos, de los cuales 8 mil 378 tenían beca. Fueron 569 beneficiarios más que un año antes, un repunte de 7.3%. Los externos bajaron a mil 681 y la cobertura llegó a 83.3%. La mejoría dejó a la universidad todavía por debajo de la proporción que había alcanzado siete años atrás.
Son cifras de la Unidad de Planeación, Organización y Métodos, publicadas en las Estadísticas de Bolsillo de la propia institución. Sus categorías importan: Chapingo distingue entre becados internos, becados externos y externos; su numeralia incluye, además, la modalidad completa de posgrado. Un becado externo recibe apoyo. Contarlo entre quienes carecen de beca agrandaría artificialmente el deterioro.
Los registros tampoco explican, por sí solos, por qué cambió la cobertura ni permiten atribuir toda la caída a Garduño, quien llegó a la Rectoría en octubre de 2022. La serie comienza cuatro años antes. El número de beneficiarios y el monto del gasto son medidas distintas. Lo que las estadísticas sí muestran es que el acceso a los apoyos perdió terreno respecto de 2018 y que la recuperación más reciente no había cerrado esa distancia.
La asistencia estudiantil está ligada al propósito fundacional de Chapingo. La Escuela Nacional de Agricultura nació el 22 de febrero de 1854 en el convento de San Jacinto, en la Ciudad de México, y comenzó sus actividades en la exhacienda de Chapingo el 20 de noviembre de 1923. La ley que creó la universidad se publicó el 30 de diciembre de 1974. La transformación institucional culminó en 1978 con la formulación de su estatuto.
En ese recorrido también se modificó la forma de ejercer la autoridad. La reapertura de la Preparatoria Agrícola en 1966 favoreció la incorporación de jóvenes rurales. Entre 1969 y 1973 se abandonó la disciplina militar y se estableció la autodisciplina. El acceso a la educación y la participación en el gobierno universitario avanzaron como parte de una misma transformación.
La ley vinculó la formación profesional y la investigación con los problemas rurales, la productividad y las condiciones de vida de los campesinos. Incluyó entre las atribuciones de la universidad sostener y desarrollar sus servicios escolares y sociales. El internado y la alimentación quedaron inscritos en una idea de educación que debía atender también las condiciones materiales de quienes llegaban a estudiar.
Garduño conoce la fuerza política de esos reclamos. Su administración nació de una crisis estudiantil. En 2022, un paro por becas, viáticos y alojamiento interrumpió las actividades durante 54 días. El 6 de octubre, una asamblea universitaria destituyó a José Solís Ramírez y designó a Garduño como rector interino.
Las crónicas de aquellos días recogieron denuncias de filtraciones en los dormitorios y exigencias de apoyos económicos. Al terminar el conflicto, La Jornada informó que la administración interina había autorizado incrementos en becas, viáticos y alimentación para las sedes regionales. Garduño permaneció en el interinato hasta el 14 de febrero de 2023 y asumió el mandato ordinario el 6 de abril de ese año.
Cuatro años después del paro, los estudiantes vuelven a reclamar servicios y apoyos. En la movilización de octubre pidieron también recuperar los cursos propedéuticos fuera del campus central y restablecer el acceso al bosque experimental de Zoquiapan. La discusión sobre la continuidad del rector remite así a los compromisos con los que comenzó su gestión.
La elección está prevista para el 23 de noviembre. El Consejo Universitario aprobó el 21 de septiembre adelantarla, con 31 votos a favor, uno en contra y diez abstenciones, según la cobertura de La Jornada. Las campañas quedaron fijadas del 23 de octubre al 19 de noviembre, con debate y cierre ese último día. Quien resulte electo asumirá el 6 de abril de 2027 y concluirá su mandato el 5 de abril de 2031.
Entre la votación y el comienzo de la siguiente administración transcurrirán más de cuatro meses. El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo, STAUACh, cuestionó el adelanto y advirtió que podía desplazar la atención de los problemas financieros y laborales. El 6 de octubre se entregó una solicitud respaldada por 3 mil 805 firmas para revisar y, en su caso, revocar los acuerdos del proceso. Los promoventes invocaron el artículo 41 del Reglamento del Consejo Universitario.
El retiro de Muñoz añadió otra objeción. Investigador del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial, el CIESTAAM, sostuvo que faltaban tiempo y espacios para confrontar propuestas y que el calendario favorecía la continuidad administrativa. Su decisión impugnó políticamente las condiciones de competencia; no fue una resolución que invalidara la elección.
Las cuentas del poder
La gaceta electoral había publicado cuatro candidaturas: las de Muñoz, J. Reyes Altamirano Cárdenas, Garduño y Francisco Martínez Mosqueda. En sus programas, la asistencia estudiantil, las finanzas y la administración aparecen como problemas que reclaman decisiones para el siguiente periodo.
Altamirano propone ampliar dormitorios y comedores, ordenar las finanzas y recuperar Zoquiapan. Garduño ofrece continuidad institucional, relevo académico y vinculación regional; reconoce restricciones financieras concentradas en los servicios personales. Martínez Mosqueda plantea articular docencia, investigación y servicio, además de modernizar la administración. Antes de retirarse, Muñoz había colocado entre sus prioridades la permanencia estudiantil y la inserción profesional de los egresados.
La candidatura de Garduño abre una discusión adicional: cómo computar su interinato. El artículo 10 de la ley establece un mandato de cuatro años y permite una sola reelección, pero no desarrolla expresamente el tratamiento de ese encargo provisional. La sucesión de una etapa interina y otra ordinaria no basta para resolver la controversia sobre una nueva candidatura.
Mientras la comunidad discute el siguiente gobierno, el manejo de los recursos del anterior tiene expedientes abiertos a la revisión pública. En la auditoría 435 de la Cuenta Pública 2024, la Auditoría Superior de la Federación identificó 911.1 millones de pesos en ingresos propios que no fueron reportados en los estados financieros y presupuestarios señalados por la revisión. También registró movimientos por 378.5 millones hacia servicios personales, procedentes de materiales, suministros y servicios generales, que no fueron informados a Hacienda.
El informe determinó, además, 57.4 millones de pesos pendientes de aclaración. Los tres conceptos tienen alcances diferentes: omisiones de registro, movimientos presupuestarios y recursos por aclarar. Sumarlos como si fueran una sola cantidad sustraída falsearía el hallazgo. La reasignación tampoco acredita un traslado específico de dinero de las becas a puestos de confianza.
Había un antecedente. La auditoría 388 de la Cuenta Pública 2022 determinó 205.5 millones de pesos pendientes de aclaración. El registro de denuncias de la ASF, con corte al 31 de marzo de 2026, incluye tres relacionadas con esa revisión, presentadas el 12 de febrero de ese año. Los montos corresponden al cierre de los informes, no a un saldo actualizado a octubre; las denuncias no equivalen a sentencias. En 2022 hubo distintas autoridades y Garduño llegó al interinato en octubre, de modo que las responsabilidades deben situarse en operaciones, fechas y funcionarios concretos.
La discusión sobre las cuentas se entrelaza con otra, más antigua, acerca de quién ejerce influencia dentro de Chapingo. Antorcha forma parte de esa historia. La propia organización reconoce que profesores y estudiantes de la antigua Escuela Nacional de Agricultura, encabezados por Aquiles Córdova Morán, participaron en el movimiento del que surgió su proyecto político. El vínculo precede por décadas a la administración actual.
En agosto de 2026, La Jornada publicó acusaciones de integrantes de la comunidad que atribuyeron a Antorcha influencia sobre órganos de gobierno, direcciones y decisiones administrativas. La información recogió también objeciones del STAUACh a cambios en las reglas de ingreso y permanencia del personal académico.
El Movimiento Antorchista Mexiquense respondió con un rechazo a esos señalamientos. En un comunicado recogido por El Universal Edomex el 3 de septiembre, negó controlar al rector, a los consejeros y a las áreas o recursos universitarios. También negó una relación política con Higinio Martínez y cuestionó el anonimato de las fuentes que sostenían las acusaciones.
Durante la movilización de octubre se escucharon de nuevo consignas contra Antorcha. Expresan una inconformidad dentro de la comunidad; las afirmaciones sobre control institucional siguen siendo controvertidas. La historia compartida entre la organización y Chapingo ayuda a entender la disputa, pero no acredita por sí sola que hoy domine la universidad.
El 28 de octubre, la controversia sobre el rector llegó a la Cámara de Diputados por otro motivo. La legisladora del PT Martha Aracely Cruz Jiménez acompañó en conferencia de prensa a Nelly Concepción Soto Mijangos, quien denunció a Garduño por violencia sexual, y cuestionó su búsqueda de reelección.
El antecedente judicial incluye una absolución. De acuerdo con las coberturas de Excélsior y La Crónica, Garduño obtuvo una sentencia absolutoria el 3 de febrero de 2026 y la Sala de Asuntos Indígenas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México la confirmó en agosto. La apelación fue identificada con el toca 12/2026, dentro de la causa penal 87/2025. Cruz Jiménez afirmó que la resolución se combate mediante amparo directo; esa declaración no modifica por sí misma la absolución.
La universidad tiene una vida política que rebasa a los equipos de campaña. El Consejo Universitario reúne paritariamente a estudiantes y personal académico y participa en el presupuesto, los reglamentos generales y la convocatoria electoral. El rector es su presidente y el representante legal de la institución. A la comunidad corresponde elegirlo y removerlo, una facultad que ejerció durante la crisis de 2022.
En el ámbito laboral intervienen dos organizaciones distintas, con representación y contrato colectivo propios: el STAUACh, de trabajadores académicos, y el STUACh, de trabajadores de la universidad. A ellas se agregan departamentos, sedes regionales y estudiantes con demandas que no siempre coinciden. La competencia por la Rectoría ocurre dentro de ese entramado de facultades, intereses y formas de organización.
El bosque y la universidad
Una parte de la disputa se encuentra fuera del campus central. En septiembre, profesores y alumnos denunciaron ante La Jornada que ejidatarios de Río Frío mantenían ocupadas mil 640 hectáreas de la Estación Forestal Experimental Zoquiapan, en Ixtapaluca, y que sus accesos estaban cerrados desde el 15 de octubre de 2025. El conflicto dejó a la comunidad sin utilizar un espacio de prácticas, investigación y conservación.
Los denunciantes atribuyeron a los ocupantes intereses de aprovechamiento y lotificación y señalaron presuntos vínculos con Antorcha. La organización los negó en una réplica publicada por el mismo diario el 26 de septiembre: sostuvo que las personas señaladas eran ajenas a sus filas y rechazó participar en la ocupación o en planes de venta de terrenos.
La responsabilidad por lo ocurrido y las pretensiones de las partes requieren expedientes y actuaciones de las autoridades. Para los estudiantes y profesores, la consecuencia académica es inmediata. El bosque forma parte de su trabajo y de su aprendizaje. En octubre, recuperar el acceso seguía entre las exigencias de la movilización.
La presión sobre la tierra es también uno de los asuntos que Chapingo estudia en su entorno. Una investigación de Rosalía Padilla Patiño, conservada en el repositorio universitario, reconstruye la desagrarización y la integración metropolitana de Atenco-Texcoco entre 1980 y 2020. Describe la transformación de los territorios, las actividades y las relaciones sociales del campo conforme avanza la urbanización.
La universidad produce conocimiento y asistencia técnica en una región donde cambian los usos del suelo y las necesidades de los productores. Su presencia tiene, además, una historia política. Higinio Martínez fue jefe de sus servicios médicos antes de consolidar su carrera partidista, como documentó La Jornada en una reconstrucción del Grupo Texcoco. De ese espacio político surgieron también Delfina Gómez y Horacio Duarte.
Las relaciones institucionales son visibles. A la toma de posesión de Garduño, en abril de 2023, asistieron representantes de Agricultura, legisladores y la entonces alcaldesa de Texcoco, Sandra Luz Falcón. Es una interlocución entre la universidad y los poderes públicos; no demuestra que alguno de esos actores conduzca la sucesión.
El próximo rector recibirá esa universidad: una institución con presencia nacional, una comunidad capaz de cambiar a sus autoridades y un patrimonio necesario para cumplir su tarea. También recibirá las preguntas de las auditorías, los reclamos de sus trabajadores y una cobertura asistencial que, pese a la recuperación de 2025, seguía por debajo de la registrada en 2018.
El 23 de noviembre se elegirá una autoridad para gobernar hasta 2031. Para quienes llegarán desde comunidades rurales, el resultado tendrá consecuencias que se medirán en apoyos, alimentación, alojamiento y posibilidades de terminar una carrera. Para los que necesitan Zoquiapan, habrá una prueba concreta del siguiente gobierno: poder entrar de nuevo al bosque donde se aprende a cuidarlo.
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