La democracia mexicana —y en su versión más depurada, la mexiquense— ha logrado una proeza silenciosa: convertir al ciudadano en insumo. No en sujeto, no en actor, no en contrapoder. Insumo. Materia prima que se activa en temporada electoral y se desactiva en cuanto cumple su función: legitimar.
No es una anomalía. Es un diseño.
La teoría clásica —de Jean-Jacques Rousseau a John Locke— partía de una ficción útil: el ciudadano como origen del poder. El voto como acto fundacional. La voluntad general como brújula. Pero la práctica política mexiquense ha refinado esa ficción hasta volverla irreconocible. El ciudadano ya no funda el poder: lo alimenta.
Y como todo insumo, una vez procesado, pierde relevancia.
Aquí aparece, puntual y casi cínico, Pierre Bourdieu: el voto no es un acto moral, es capital simbólico. Se acumula, se convierte, se monopoliza. El político no representa; administra ese capital. Y como todo capital, tiende a concentrarse y a reproducirse en los mismos circuitos.
Por eso el ciudadano desaparece del escenario en cuanto se apagan las urnas. No porque lo excluyan formalmente, sino porque deja de ser necesario.
El poder, diría Bruno Latour, no es un punto de llegada, sino una cadena de traducciones. El voto se traduce en cargo; el cargo en red; la red en control. En ese tránsito, la voluntad original se diluye hasta volverse irreconocible. Lo que queda no es representación, sino estructura.
Y la estructura no consulta.
La democracia, entonces, adopta la forma que Guillermo O’Donnell describió con precisión incómoda: delegativa. El ciudadano no vigila, delega. El gobernante no responde, ejecuta. El voto no condiciona, autoriza. Es una cesión de poder con fecha de expiración larga y mecanismos de control débiles.
Por eso no escandaliza —o cada vez escandaliza menos— que un funcionario renuncie al cargo para el que fue electo y migre a otro espacio de poder. No es traición al mandato; es uso legítimo de un recurso previamente obtenido. El cargo deja de ser representación y se convierte en activo transferible.
Más inquietante aún es la naturalización de las dinastías políticas. Esposas, hijos, hermanos que heredan posiciones como si el poder fuese patrimonio familiar. No es un exceso. Es la lógica interna del sistema: si el capital político se acumula, también se hereda.
Michel Foucault lo habría dicho sin dramatismo: el ciudadano no desaparece, se transforma. De sujeto político pasa a ser dato administrable. Padrón, beneficiario, usuario, segmento. No se le consulta; se le mide. No participa; se le gestiona.
Y en esa gestión, la política deja de ser diálogo para convertirse en técnica.
El caso mexiquense no es excepcional. Es, en muchos sentidos, ejemplar. Un laboratorio donde la democracia ha aprendido a operar sin fricción, reduciendo al ciudadano a su mínima expresión funcional: votar y validar. Todo lo demás ocurre en otra dimensión, donde las decisiones se toman en redes cerradas, bajo lógicas que poco tienen que ver con la deliberación pública.
Aquí es donde Antonio Gramsci vuelve indispensable: lo más poderoso no es que esto ocurra, sino que se acepte. La hegemonía no impone, normaliza. Convierte la anomalía en costumbre, el abuso en práctica, la distancia en rutina.
Y cuando algo se vuelve rutina, deja de ser cuestionado.
La paradoja es brutal y, sin embargo, estable: sin ciudadanos no hay legitimidad, pero con ciudadanos pasivos el poder funciona mejor. El sistema, entonces, no busca eliminarlos, sino mantenerlos en un estado de participación mínima suficiente. Votan, opinan, reaccionan. Pero no inciden.
No gobiernan.
La democracia mexiquense no ha fracasado. Ha evolucionado hacia su forma más eficiente: una maquinaria que necesita ciudadanos… pero solo como insumo periódico de legitimación.
Todo lo demás —la consulta, la deliberación, la representación real— es retórica.
Y la retórica, como el voto, también se administra.
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