Un sistema político democrático posee varias características, como distribución de poderes, leyes que garanticen derechos y libertades, instituciones sólidas y transparentes, políticas públicas incluyentes y, por supuesto, elecciones periódicas y auténticas. Estas y otras características son mutuamente dependientes y perfectamente articulables. La existencia de unas y la ausencia de otras no dan como resultado una democracia.
Democracia es un concepto amplio, que se refiere a una forma de organización social que permite la convivencia de la diversidad en condiciones equitativas, la toma de decisiones colectiva, el contrapeso en el ejercicio del poder, la inclusión en condiciones de igualdad. En suma, democracia no se reduce a un ejercicio electoral. Pero es cierto que sin elecciones auténticas y libres es difícil hablar de democracia.
Los ejercicios periódicos de elección de gobernantes que tenemos en nuestra sociedad son siempre una buena oportunidad de poner a prueba qué tanto somos una democracia. Por ejemplo, hay que preguntarse si en ellas pueden participar todos quienes lo deseen, en condiciones de igualdad; si vemos en su desarrollo debate político serio y competencia leal; si los mecanismos de participación permiten la inclusión de todos y la libre expresión; si es transparente el uso de recursos; y, por su puesto, si quien organiza los comicios brinda certidumbre, se conduce con imparcialidad y apego a la legalidad.
Ahora que estamos concluyendo un proceso electoral más, no dejo de escuchar en la gente preocupación por el “fraude electoral”, lo cual me deja la sensación de que algo del sistema político nuestro no está operando adecuadamente en los términos de una vida democrática. Si la gente tiene acendrada en su imaginario la idea de que las elecciones en nuestro país no son creíbles, son simulaciones, no son justas, no se respeta el resultado, ni se siente representado por quienes de ella emanan como autoridad, es por alguna razón.
Cuando mis alumnos, universitarios todos, jóvenes que no rebasan los 25 años, me dicen que les asusta la idea de que después de depositar su voto se consume un fraude con él, me hace pensar que no tenemos siquiera claro lo que eso significa. No debemos confundir un fraude electoral con campañas políticas fraudulentas. El primero implica la participación directa y deliberada de parte de quien organiza los comicios para alterar el resultado y no respetar la voluntad de los votantes. Las segundas son más bien el conjunto de acciones de partidos políticos y sus candidatos para manipular, mentir, engañar y conseguir de esa manera votos suficientes para erigirse ganador.
Como puede verse, son cosas distintas. Esos jóvenes que hoy hablan de fraude electoral no han vivido en un país en donde sí haya fraude electoral. En México, hasta 1996 las elecciones eran organizadas por una instancia controlada directamente por el Poder Ejecutivo. Y, dado que el titular del mismo había sido siempre emanado de un solo partido político, la tentación de conducirse de manera fraudulenta y la posibilidad práctica de hacer existieron. Cometer fraude electoral no hubiera sido necesario si la sociedad toda se sintiera identificada con dicho partido, pero en la medida que la pluralidad fue incrementándose en nuestra sociedad, que las convicciones ideológicas fueron distanciándose más y que la gente no se sintió representada por ese partido político omnipotente, se anidó la idea del fraude electoral.
El momento histórico donde esto se exhibió con toda claridad fue en las elecciones federales de 1988. Incluso puede que hayan sido las únicas elecciones con auténtico fraude: es decir, el único momento en la historia política moderna de nuestro país en que el organizador de las elecciones maniobró lo necesario para dar como resultado de los comicios algo distinto a lo que reflejaban los votos. Ahora bien, eso es distinto al conjunto de acciones que antes y después de ese momento han sido emprendidas -sobre todo, pero no exclusivamente- por el Partido Revolucionario Institucional para conseguir que los votos a contar le sean favorables. Y aquí ya entramos al terreno de las campañas fraudulentas.
Las campañas fraudulentas incluyen, desde prácticas demagógicas hasta la compra y coacción del voto. Cuando un candidato y su partido se valen de artilugios tan frecuentes como amenazar, engañar, embaucar, simular o mentir abiertamente para conseguir que en las urnas se depositen votos a su favor, estamos en presencia de campañas fraudulentas. Si quien recibe y cuenta los votos da como resultado estrictamente lo que reflejan los sufragios, difícilmente se le puede acusar de cometer fraude.
Creo que la razón por la que la gente sigue sosteniendo que en nuestro país cada elección se comete un fraude es porque tenemos muchas campañas electorales fraudulentas. Pero no debe perderse de vista que en nuestros días hay casi total garantía de que detrás de cada voto depositado en las urnas hay una persona. Hoy ya es muy difícil hablar –como se podía hacer hasta no hace mucho- que había más votos que votantes, que las listas nominales incluían hasta a personas muertas, que se introducían fajos completos de boletas marcadas por un mismo partido, etcétera. En la medida que el organizador de las elecciones se ha independizado, profesionalizado y tecnificado, eso se vuelve muy complicado. Sobre todo también, en la medida que ciudadanos de la más diversa procedencia son los que reciben y cuentan los votos, se vuelve más difícil (no digo que imposible) que haya votos sin votantes.
Ahora bien, si detrás de cada voto hay una persona, pero esta última no ejerce su sufragio de manera libre, razonada y responsable, dicho individuo se suma a una campaña fradulenta, cuyo fin es que haya suficiente número de boletas con votos para X partido o candidato. Si miles y miles de personas votan engañadas, coaccionadas o embaucadas, su voto seguro que obedecerá sólo a los fines de quien lo hace objeto del engaño, pero es un voto. La instancia que recibe los sufragios, los cuenta y da a conocer la sumatoria de todos, no es responsable de que ese personaje haya votado en el sentido que lo hizo.
Ahora, si ese árbitro electoral es también responsable de que no haya campañas fraudulentas, puede acusársele de cómplice en las acciones de quien emprende tales comportamientos. Si es omiso o permisivo, si es parcial, si se conduce con indiferencia respecto de campañas fraudulentas, termina por ser cómplice. Pero lo mismo puede aplicarse a las personas que terminan emitiendo un voto que favorece al partido que emprende campañas fraudulentas. Si la persona emite su sufragio a cambio de dinero, de una despensa, de una promesa de beneficio personal (como las ahora muy “socorridas” tarjetas de salario rosa o de IBU), de una amenaza laboral o de otra índole, no está ejerciendo su derecho a participar en la elección de un gobernante de manera libre; más bien está cometiendo un fraude. Sin duda debe señalarse que a ese tipo de personas se les puede atribuir una culpa: no ejercer una libertad que la ley le otorga y que el organizador de las elecciones le posibilita a ejercitar.
Si alguien se cree que por entregar una copia de su credencial de elector ya tiene que votar por alguien aunque no quiera, está renunciando a una libertad política sin resistirse siquiera un poco; si otra persona no acude a votar porque le "da güeva", está renunciando a un derecho que costó mucho trabajo ganar; si una persona recibe dinero en efectivo a cambio de un sufragio, está prostituyendo la participación política. Estas acciones son fraudulentas y cada que uno de nosotros incurre en ellas se suma a campañas fraudulentas.
En suma, no hay fraude electoral sin defraudadores y defraudados. Para los políticos los amagos, las promesas y hasta las simulaciones son válidas. El político recurre a ello para obtener votos, puede armar campañas enteras basadas en una mentira y, sin embargo, el fraude no se consuma sino hasta que hay quien le cree y termina votando por él. Hay que decirlo claro como lo hizo Max Weber hace muchísimos años: "Quien hace política pacta con los poderes diabólicos que acechan en torno de todo poder". Eso le toca a los políticos; en cambio, a los ciudadanos les toca ser desconfiados, informarse, ser críticos, sospechar, razonar y ejercer sus libertades. Si renuncia a ello, él es el que posibilita el fraude.
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