Esta semana AlfaDiario publicó información oficial (de la CNDH) que nos recuerda cómo es que, desde hace dos décadas, el Estado de México es la entidad con más casos de linchamientos de toda la República Mexicana (242 casos). Como sabemos, en la raíz de este fenómeno se encuentra el hartazgo de la población ante la inseguridad pública y la ineficacia de las autoridades.
Y es que, con la información disponible del año 2017, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública colocó al Estado de México en el primer lugar de incidencia delictiva a nivel nacional, con un total de 26 mil 556 delitos denunciados (sin contar la cifra negra, claro está). De hecho, la Encuesta Nacional sobre Seguridad Pública Urbana que realizó el INEGI (publicada en junio del presente año) ubica a la capital mexiquense, Toluca, y a los municipios más poblados de la entidad, como Ecatepec y Nezahualcóyotl, con porcentajes de percepción de inseguridad cercanos a 90%.
A lo anterior debe añadirse que para el primer semestre del presente año, el Edoméx ya ocupaba el nada honroso primer lugar en número de feminicidios (36 en los primeros seis meses del año), de acuerdo con las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Igualmente, ocupamos el segundo lugar nacional en personas desaparecidas (con 3,918 casos incluidos en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas), de los cuales al menos 1,700 son mujeres jóvenes y niñas.
En suma, no hay en nuestro estado un clima favorable para el ejercicio de los derechos básicos: la vida, la libertad, la seguridad. Por eso vale la pena preguntarse: ¿Y nuestro comisionado de los derechos humanos? ¿No vive aquí? ¿No le merece este escenario un motivo suficiente para redoblar sus esfuerzos? La última noticia que se tuvo de él fue una de esas entrevistas "banqueteras" que dio al salir de la sesión en la que se instaló la nueva legislatura local ¿Y qué dijo? Bueno, pues nada nuevo, de hecho declaró lo mismo que en noviembre y diciembre del año pasado: que pensaba mandar una iniciativa de ley a la Cámara de diputados, relacionada con el nombramiento de los coordinadores municipales de derechos humanos. Así es, lo mismo que dijo también en marzo, tras entregar su primer informe de actividades.
La primera vez que el comisionado expresó esa intención de "meterle mano a la ley" fue en 26 de noviembre, tras una reunión con defensores municipales de derechos humanos; luego lo reiteró el 13 de diciembre del mismo año. Nosotros publicamos en este mismo espacio en ese momento que, desde el año 2004, cuando se reformó la Ley Orgánica municipal, quedó establecido que el proceso de selección del Coordinador Municipal de Derechos Humanos se haría en cada municipio con base en una convocatoria pública (hecha por cada Ayuntamiento) a partir de la cual se registraría a los aspirantes, se remitiría la documentación de los mismos a la CODHEM, ésta los analizaría y sacaría una terna, misma que se sometería al H. Ayuntamiento de que se trate, para que en ejercicio de su facultad deliberativa autónoma, elijiera y nombrara su Coordinador Municipal de Derechos Humanos.
También recordamos en ese momento que desde el año 2010 la CODHEM expidió el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Defensorías Municipales de Derechos Humanos del Estado de México, documento en el cual se establece con toda claridad que "las Defensorías Municipales de Derechos Humanos del Estado de México son órganos creados por los ayuntamientos de la entidad con autonomía en sus decisiones y en el ejercicio presupuestal, que en el cumplimiento de sus atribuciones deben coordinarse con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México". Por eso resulta extraño que el comisionado se obstine en este tema (muestra en él casi la misma insistencia con la que promueve obras de teatro, inaugura exposiciones, organiza concursos de oratoria y torneos de fútbol).
El que lleve tantos meses con una intención nos motiva a preguntar si no le estará distrayendo de las labores sustantivas que le ordena el artículo 13 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México: conocer de quejas o iniciar de oficio investigaciones sobre violaciones a derechos humanos, solicitar medidas cautelares, requerir información a las autoridades y emitir recomendaciones.
Al menos a mí me resulta incomprensible que, en una entidad con las características que ya enlistamos, la CODHEM vaya a cerrar el año con el menor número de Recomendaciones de su historia (pues hasta el día de hoy sólo ha formulado 7). No logro entender cómo es que hace tres lustros (en 2004), con menos visitadurías, menos personal y recibiendo casi la mitad de quejas que se reciben ahora se hayan emitido 80 Recomendaciones y hoy no se llegue ni a la decena.
Los números son claros: entre 2004 y 2017 (año en que llega el actual comisionado) el promedio anual de Recomendaciones fue de 34; hoy a duras penas se han emitido 7. Desde hace cinco años la CODHEM tramita un promedio anual de 8530 quejas (aunque desde que la preside el señor Olvera están por debajo de esa media) y que de todas ellas menos del .01% culminen en una Recomendación es de llamar la atención, sobre todo con tantas personas desaparecidas, con homicidios no aclarados (no olvidemos que según el Índice Global de Impunidad México 2018, elaborado por la Universidad de las Américas, el Edoméx ocupa el primer lugar de impunidad, con 80%) con la gente insegura, temerosa, dolida, resentida.
Ojalá que el comisionado pronto se olvide de esa presunta iniciativa de ley (o que por fin la termine y la mande al Congreso), en la que lleva casi un año ocupado, para que veamos por parte de la CODHEM acciones jurídicas firmes para defender los derechos humanos en la entidad.
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