En su última revisión de la cuenta pública de la Auditoría Superior de la Federación, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, presenta el monto más alto en irregularidades.
Leonardo Núñez González, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) asegura que el Estado de México fue la entidad de todo el país que en 2015 presentara más “extravíos” de dinero.
Lo peor (si es que puede haber algo peor) es que se desconoce en qué fueron empleados 35 millones 118 mil pesos destinados para el Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior; tampoco se sabe en dónde quedaron 128 millones de pesos destinados al Fondo de Cultura.
74 millones más, destinados para el Fondo de Infraestructura Deportiva, al igual que 198 millones para carreteras federales, no se ha comprobado su uso; tampoco se demostró el ejercicio de 869 millones de pesos recibidos para el Fondo de Aportaciones Múltiples que comprenden infraestructura y desarrollo social.
Esto no acaba aquí; por si fuera poco (o mucho) en el primer cuatrimestre del año en curso, en el país se han registrado 7 mil 727 homicidios dolosos ante lo cual el Estado de México se sitúa en segundo lugar de las 10 entidades que concentran el 63% de este total, con 660 casos; sin embargo, y ante ello, tampoco se conoce el paradero de 116 millones de pesos destinados al Fondo de Seguridad Pública.
Del año 2011 al 2015, el Edoméx se situó en el tercer lugar en irregularidades en el presupuesto a nivel nacional, sólo debajo de Michoacán y Veracruz.
De acuerdo con el experto Núñez González, el dinero se entrega a los gobiernos estatales y el Congreso local debe aprobarle su uso, pero la mayoría de ellos, como Poder Legislativo, no lo revisa, mucho menos vigila su empleo.
La Auditoría Superior de la Federación debe detectar si existen desvíos de recursos y enviarlo a la Secretaría de la Función Pública; si esta última no da alguna respuesta, entonces se presenta ante la PGR para realizar una denuncia penal.
Sin embargo, de acuerdo con Núñez, de las 740 denuncias que se han hecho ante la PGR (desde 1999), sólo 30 se han resuelto, el 96% están “atoradas”.
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